Euskadi ha salido mejor de la crisis económica que las comunidades del resto del Estado. Pero esa sentencia, aunque cierta, no puede esconder el «duro castigo» que la última recesión ha provocado también en los hogares vascos, y en los índices de bienestar de una sociedad que en algunos aspectos, y no precisamente buenos, ha regresado a índices de hace veinte años. Uno de ellos es el del riesgo de pobreza, que en estos momentos amenaza sobre todo a las generaciones más jóvenes. A los ciudadanos, hombres y especialmente mujeres, de menos de 40 años que hacen su vida en solitario o en familias monoparentales, y que han iniciado su andadura laboral en un momento de encarecimiento de la vida y de precarización de las condiciones laborales. En concreto, los datos de 2016 hablan de que un 43% de las mujeres que se adaptan a ese criterio se encuentran en riesgo personal de pobreza. Y que ese porcentaje apenas desciende hasta un 30% en el caso de las que están trabajando.

El sociólogo y responsable del órgano estadístico del departamento de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Luis Sanzo, se sirvió ayer de todos esos datos y gráficos de evolución que maneja en su día a día para advertir de que pese al camino de recuperación iniciado, la crisis ha dejado «problemas graves» entre determinados grupos de población a los que las políticas públicas deben prestar especial atención. Lo hizo en el marco del seminario que el centro de Documentación y Estudios SiiS de la Fundación Egia – Careaga celebró en el museo San Telmo para ‘Repensar las políticas sociales’, a través de los modelos de «inversión social y las políticas predistributivas». Es decir, incidir en el «más vale prevenir que curar».

Sanzo hizo un repaso a los «cambios sustanciales» en determinados comportamientos sociales ocurridos en los últimos cuarenta años, explicó la influencia que sobre ellos han tenido las crisis económicas, e infirió a partir de ahí la radiografía social actual de la población vasca, donde los más jóvenes, los que se han incorporado al mercado laboral desde 2000 son los que más están sufriendo en este momento la precarización de su situación personal por el deterioro en sus ingresos.

Cambios sociales

El sociólogo relacionó esa fotografía actual con la pesada herencia que dejó la feroz crisis industrial de los años 70 y 80, que alteró completamente los niveles de empleo, las opciones de emancipación o los índices de natalidad. Tanto es así, que ni el boom económico de los 90 y principios del siglo XXI permitió darle completamente la vuelta. Y comenzaron a limitarse las opciones de progreso en el Estado del bienestar.

Sanzo se refirió a varios factores. El primero a la «pobreza encubierta» que impidió a miles de jóvenes independizarse en los 80 y 90, y que con la llegada del nuevo siglo dejaron de forma masiva la casa de sus padres. Entre 2000 y 2004 el número de hogares aumentó un 26%, pero pese al boom económico, casi el 17% de la población entre 18 y 44 años seguía sin poder emanciparse.

La llegada de la inmigración extranjera, que multiplicó casi por ocho los nuevos hogares, sobre todo de personas jóvenes, también «complejizó la situación», indicó Sanzo. Como tercer factor de ese freno hacia mayores cotas de bienestar, mencionó la fragmentación de los hogares, con 164.452 personas más que viven solas y un aumento de 23.000 familias monoparentales. Estos dos tipos de hogar suponían en 2016 un 41,9% del total, cuando hace veinte años era de 24,3%. Y, por último, el coste de la vivienda y el encarecimiento de la energía, que hace especialmente cuesta arriba a esas familias llegar a fin de mes.

Así las cosas, si a estos cambios sociales se suma el deterioro económico y de ingresos desde 2008, la fotografía deja a los menores de 40 años, sobre todo los que viven solos con ingresos propios, en la peor situación. El 43% de las mujeres y el 33% de los hombres están en riesgo de pobreza. Y, en el caso de los que trabajan, ese porcentaje se sitúa entre un 28% y un 15,8%. Siempre menos favorable en el caso de las mujeres.