La Unión Europea tiene más de media docena de bases de datos. Instrumentos infrautilizados en el pasado, con escasa interoperabilidad y muy fragmentados que no han impedido que cientos de yihadistas salgan y entren en Europa a su antojo, sin ser detectados por las autoridades policiales. Los Veintiocho cuentan desde este viernes con nuevas reglas que reforzarán esos controles dentro del espacio de libre circulación de Schengen y que obligarán a los estados miembros a realizar controles sistemáticos sobre todo el que entre y salga del territorio comunitario, incluidos los europeos.

Los atentados de París de noviembre del 2015 pusieron de manifiesto la existencia de lagunas en el sistema de vigilancia europeo y una arquitectura de control ineficaz a la hora de detectar a potenciales terroristas y muy especialmente a los denominados combatientes extranjeros, muchos de ellos europeos. Ahí surgió la idea de ampliar los controles sistemáticos en las fronteras exteriores para incluir también en los chequeos a los ciudadanos europeos.

Las autoridades ya están obligadas a chequear la documentación de los nacionales de terceros países cuando entran en el espacio de libre circulación de Schengen. Desde este viernes también deberán asegurar su verificación a la salida. Además, y pese al derecho a la libre circulación de los europeos, las autoridades fronterizas también tendrán que verificar la identidad de los ciudadanos con pasaporte europeo y comprobar sus documentos en las distintas bases de datos.

El sistema de información Schengen, una base de datos que almacena información y alerta sobre personas implicadas en robos, secuestros y todo tipo de actividades criminales. Así como con la base de datos de documentos robados de Interpol y otras bases de datos nacionales con información sobre documentos robados o perdidos.

En todas las fronteras exteriores, aéreas, marítimas y terrestres. No obstante, para evitar un impacto desproporcionado en el tráfico de viajeros en los pasos fronterizos terrestres y marítimos, las nuevas reglas permiten a los estados miembros limitar los controles y realizar verificaciones selectivas siempre que determinen tras un análisis de riesgo que deberá ser actualizado regularmente que no supone un riesgo para la seguridad interna, la salud pública o las relaciones internacionales. En el caso de los viajeros que no sean objeto de controles sistemáticos, las autoridades tendrán que comprobar al menos su identidad y la validez del documento de viaje.

La normativa prevé un período de adaptación de seis meses aunque prorrogable hasta un máximo de 24 meses para permitir a los estados miembros adaptar las infraestructuras necesarias para garantizar el control. Estas reglas solo se aplicarán a los países del espacio Schengen, lo que significa que el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca quedan exentos.