El exsecretario de Canet d’en Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, sigue rodeado de numerosos problemas judiciales. Tras su paso por prisión provisional se encontró con una condena de dos años de cárcel por cohecho a la alcaldesa de la Pobla. Sólo el indulto puede librarle de regresar a prisión por esa sentencia. Pero en esa sucesión de asuntos en los que desgraciadamente para él figura de protagonista ya tiene sobre su mesa un nuevo escrito de acusación. El fiscal le pide siete años y seis meses por quedarse el dinero de una subvención destinada a ayudar a inmigrantes. El ministerio público considera que los hechos constituyen un delito de estafa, falsedad y blanqueo de capitales.

Los hechos fueron descubiertos a raíz de la macrooperación conocida como la trama de las asesorías, pagos de Ayuntamientos a cambio de informes de conveniencia. Sancho Sempere montó la asociación Pangea Arco Mediterráneo. Él era el único autorizado en la cuenta bancaria de la entidad, que tenía su sede en la calle Navellos, en pleno centro de Valencia.

La Junta de Andalucía aprobó unas subvenciones para programas de arraigo, inserción y promoción social de personas inmigrantes. Las ayudas estaban dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro. El acusado se presentó «con la intención de obtener un lucro injusto». En ningún caso, recoge el escrito del fiscal, «pensaba destinarla a los fines sociales que señalaba la convocatoria». Mintió sobre el proyecto que la entidad iba a impulsar en Andalucía e incluso con el personal que formaba parte de la iniciativa.

De igual modo, indicó que el material informático se utilizaría para «evaluar las correcciones que analizan en su proyecto de desigualdades de género»… Con todo lo anterior, logró una subvención de más de 23.000 euros. A continuación surgió el problema de cómo justificar la ayuda. Para ello, según relata el fiscal, se puso de acuerdo con otros dos acusados, que eran propietarios de un establecimiento de informática. Desde allí le hicieron una factura para lograr dar cobertura a la supuesta adquisición de ese material. El documento se incorporó al expediente de la Junta de Andalucía para justificar el correcto destino de los fondos. Se da la circunstancia de que el propietario de la empresa de ordenadores, Carlos Julián, era al mismo tiempo concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Canet.

Reintegro de los fondos

Sancho Sempere posteriormente utilizó una de sus mercantiles estrella, Milena III – aparece en otros muchos procedimientos – para pasar una factura a la empresa del concejal por «trabajos de asesoramiento legales y técnicos» que nunca se realizaron. De esta forma, conseguía justificar documentalmente el regreso del dinero a sus cuentas. El resto del dinero se lo quedaron los responsables de la empresa informática, según el escrito de acusación del ministerio público.

La sorpresa llegó cuando desmantelaron el piso que servía de sede a la entidad benéfica. El material fue trasladado a dependencias del Ayuntamiento de Canet. El valor que le dieron los peritos fue de 46,50 euros. Nada de lo que allí había tenía que ver con las compras que supuestamente se hicieron a la mercantil. Las dos sociedades – Pangea y la de productos informáticos – carecen de cualquier modelo de gestión que prevenga la comisión de hechos delictivos, tal y como señala la acusación en su escrito.

El exconcejal también se enfrenta a la misma pena de prisión así como una inhabilitación de tres años para ejercer una labor empresarial o comercial. La fiscalía pide que los acusados indemnicen a la Junta de Andalucía con 23.369 euros, el importe total de la subvención que recibieron. El ministerio público ha solicitado también que se contacte con el Gobierno andaluz por si quieren ejercer la acusación en el juicio.