Los cuarenta defensores del pueblo europeos que se han reunido durante dos días en Barcelona han exigido hoy a los gobiernos que cumplan los acuerdos internacionales de derechos humanos y supriman los estados de excepción.

Los defensores del pueblo se han reunido en el segundo seminario internacional organizado por el Síndic de Greuges que ha finalizado hoy con la ratificación de la Declaración de Barcelona.

El documento, aprobado por los miembros de la sección europea del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI) y presidido por el síndic, Rafael Ribó, denuncia las restricciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que se producen en algunos países, basadas en amenazas a la seguridad y al orden público.

En la declaración, también se exige a los estados europeos que acojan a las personas migrantes y refugiadas, en cumplimiento con la propuesta de la Comisión Europea de septiembre de 2015, y que las traten de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos, con especial atención a los derechos de la infancia.

En la segunda jornada del acto que se ha celebrado hoy y ha clausurado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha participado como ponente el ‘ombudsman’ de la UE, Emily O’Reilly, que ha destacado el impacto de esta figura en la defensa de los derechos más allá de las quejas particulares.

El defensor de Turquía, Seref Malkoç, ha abordado el tema del terrorismo y ha manifestado que los defensores del pueblo de Europa no pueden solucionar la crisis de los refugiados solos, por lo que deben trabajar en equipo.

En la misma línea, el síndic, Rafael Ribó, ha defendido la cooperación entre los defensores de todo el mundo, para hacer frente a los retos comunes de defensa de los derechos y libertades, particularmente para proteger a los refugiados.

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha manifestado la necesidad de terminar con la guerra en Siria.

El ‘ombudsman’ griego, Andreas Potakkis, ha instado al gobierno español a ampliar la acogida de refugiados de acuerdo con la declaración de los defensores autonómicos firmada en febrero, y ha mencionado la percepción de Grecia como un lugar de tránsito para los refugiados y el impacto que tiene esta situación de emergencia en sus derechos.