Que la denuncia contra el sistema de dietas del Ayuntamiento de Pamplona vigente entre 1999 y 2013 se centre exclusivamente en Uxue Barkos, pese a que se aplicó sin excepción y a todos por igual 59 concejales recibieron abonos por este concepto en dicho periodo, pone bien a las claras la intencionalidad política que se esconde detrás. La asociación que impulsó el procedimiento como acusación particular, Justitia et Veritas, es conocida en círculos judiciales por aparecer en casos de máxima resonancia mediática y donde los condicionantes ideológicos más ultraconservadores encuentren mejor acomodo y proyección pública.

El presidente de la citada asociación, Antonio Alberca Pérez, comenzó a ser conocido a raíz del juicio por los atentados del 11-M de Madrid, en el que ejerció como abogado de oficio de Rafa Zouhier, el enlace entre la célula yihadista y los mineros asturianos que facilitaron los explosivos.

Su defendido fue condenado a 10 años y expulsado a Marruecos, pero antes tuvo tiempo de extender la teoría conspirativa que algunos se encargaron de alimentar desde el mismo día del atentado, incluyendo una enigmática reunión que mantuvo Zouhier con Jaime Ignacio del Burgo, en la que éste le entregó un cuestionario. Esta cita clandestina le costó un duro reproche al diputado del PP por parte del juez instructor, que determinó que la gestión se había hecho “fuera de los cauces legalmente establecidos”, pero puso de manifiesto las relaciones que ya empezaban a establecerse entre Del Burgo y Alberca, lo que se pudo confirmar muy poco tiempo después.

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO A principios de 2011, Justitia et Veritas presentó una querella en el Tribunal Supremo contra el entonces presidente del Congreso José Bono por hechos cometidos mientras estuvo al frente de la presidencia del gobierno de Castilla la Mancha y del Ministerio de Defensa. La demanda se tramitó bajo la dirección letrada de Jaime Ignacio del Burgo ejerciendo la acción popular, en plena campaña de acoso y derribo del PP contra Bono, al que un año antes habían denunciado los populares sin que llegara a prosperar la iniciativa.

En esa época, y aprovechando el trampolín mediático que le había reportado su presencia en el juicio del 11-M, Antonio Alberca Pérez dio un paso más en su carrera como letrado penalista. A mediados de 2011 fue designado por el expresidente balear Jaume Matas para defenderle en la causa abierta por el caso Palma Arena; y a su mujer, Maite Areal, también imputada.

Durante los tres años que ejerció como abogado de Matas, Alberca Pérez se dejó ver en numerosas ocasiones con su defendido en lugares públicos, casi siempre acompañado de cámaras, y fue extendiendo su radio de acción a otros sumarios, siempre con perfil mediático.

La siguiente aparición de Justitia et Veritas fue a raíz de conocerse a principios de 2013 los detalles del sistema empleado para el pago de dietas que se venía aplicando en el Ayuntamiento de Pamplona desde 1998.

Su revelación no fue casual. Coincidió con la vorágine que mantenía acorralada a Yolanda Barcina por el asunto de las dietas de Caja Navarra y con la perspectiva de un cambio de gobierno a la vuelta de la esquina por el imparable desgaste de los últimos años de gestión de los gobiernos regionalistas.

ESTRATEGIA Aunque suponía cuestionar el sistema que Barcina y su sucesor al frente del Ayuntamiento, Enrique Maya, habían aplicado a todos los concejales y grupos desde la aprobación de la ordenanza correspondiente, contribuyó a quitarles presión de encima y de paso situar en el foco de la duda a la entonces concejala y diputada Barkos.

No se repararon en gastos. Con una estrategia de manual, desde distintos altavoces y grupos mediáticos, se mezclaron conceptos de forma parcial la cantidad que aparece en la denuncia, 208.809,82 euros, corresponde a las cantidades percibidas por los 7 concejales de NaBai durante 5 años; o directamente se falsearon se le computan 70 reuniones de grupo, cuando las reuniones abonadas fueron 41.

En esta campaña de confusión, las lagunas que presentaba el sistema en lo referente al abono de las dietas por asistencia a las reuniones de grupos aparecen vinculadas solo a ella, aunque el método fue igual para todos. Lo certificó el propio Enrique Maya en un informe que envió al Tribunal de Cuentas en 2014, citando que una vez cambiado el sistema para justificar la asistencia, el número de reuniones en las que estuvo Barkos fue similar a la que se registró en 2011 y 2012.

Pese a que la Cámara de Comptos y la Fiscalía de Navarra avalaron la legalidad del método empleado en el Consistorio pamplonés hasta 2013; y que el Tribunal Supremo rechazó en diciembre de ese año admitir a trámite una denuncia con el argumento de que “todos los pagos fueron tramitados y aprobados de acuerdo con las normas establecidas por la Corporación”, el asunto será investigado por el Tribunal de Cuentas dentro de dos meses.