Ronda la una de la tarde del viernes y hay movimiento en las chabolas del asentamiento rumano de Astigarraga. En el centro, un montón de chatarra. En uno de los laterales, junto al acceso, una mujer con un balde arroja el agua sobre la hierba. Tras ella, no tarda en salir un hombre corpulento advirtiendo de que «no vamos a decir ni una palabra». Lo repite en bucle intercalando castellano y rumano, mientras el resto de personas que todavía habitan bajo el tablero de la Autovía del Urumea forman un semicírculo junto a él. «No digáis nada», les indica.

El lunes se cierra una etapa para las seis familias rumanas que desde 2012 han permanecido en el asentamiento de este municipio de Buruntzaldea. «Volvemos a Rumanía», se le escapa a una de las jóvenes. Hace cinco años, esta comunidad de etnia gitana superaba con creces el centenar de integrantes, pero el paso del tiempo, unido al proyecto humanitario llevado a cabo para velar por la convivencia y facilitar su integración, así como una fecha límite para abandonar este espacio, han ido menguando las dimensiones del campamento chabolista que ahora alberga a no más de quince personas en unas condiciones que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad.

Fue el pasado miércoles cuando el Ayuntamiento de Astigarraga recibió la baja voluntaria de estas familias del proyecto de intervención socioeducativa que pusieron en marcha de forma conjunta con la asociación Romi Bidean, la Diputación y las administraciones locales de Hernani y Astigarraga, acordado previamente con los integrantes del asentamiento.

Convivencia e integración

La iniciativa, que nació rodeada de cierta polémica, surgió con el propósito de dar una salida a las 51 familias y posibilitarles el acceso a una vivienda a cambio de que respetaran ciertas normas de convivencia y se comprometieran a trabajar aspectos como la higiene, la escolarización de los menores, la formación laboral y la restricción de la llegada de más personas al que ha sido considerado como uno de los mayores asentamientos chabolistas de Gipuzkoa. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos debían abandonar este lugar de residencia ubicado junto al río Urumea.

Durante estos años, el objetivo se ha cumplido parcialmente con catorce familias que lograron sustituir las chabolas de chapa y madera por viviendas ordinarias y que están integradas en el municipio. Otra treintena de ellas terminaron por abandonar el campamento bien por el quebrantamiento de las normas acordadas o bien por no querer asumirlas y solo seis han mantenido allí su residencia hasta la fecha: dos matrimonios sin hijos y otros cuatro con niños pequeños, que acudían a la ikastola.

Han sido esta media docena de familias las que han decidido de manera voluntaria poner rumbo a Rumanía a partir del lunes y dar por finalizado un programa cuyo vencimiento tendría lugar el próximo 31 de julio. El motivo es doble. Por un lado, debido al coste que deberían hacer frente para acceder a una vivienda social, a pesar de su menor coste que en el mercado libre, y por otro, por al «vértigo» que les ocasiona la adaptación a las normas de convivencia en un inmueble ordinario.

Este fin de semana comenzarán con el desmontaje y a empaquetar sus enseres, a partir del lunes, será el turno del Ayuntamiento, quien procederá a desmantelar la media docena de chabolas que aún permanecen en pie. Las obras del futuro Tren de Alta Velocidad fueron el factor determinante para que las instituciones pusieran una fecha límite al campamento situado en el trayecto de Hernani a Ergobia. El trazado de la construcción ferroviaria discurrirá frente al asentamiento. Una vez que la explanada quede liberada la maquinaria no tardará en empezar a trabajar.