Astigarraga ha dicho adiós al asentamiento rumano que se asentaba a orillas del río Urumea, un enclave polémico que llegó a albergar a 150 personas, pero que al mismo tiempo fue escenario de una pionera intervención socioeducativa, gracias a la cual 14 familias fueron capaces de integrarse en la sociedad.

Las últimas seis familias que quedaban en las chabolas firmaron ayer su renuncia, según informó el Ayuntamiento de Astigarraga, a continuar con el proyecto de intervención socioeducativo que se puso en marcha en 2012. Una iniciativa que logró frenar el efecto llamada en el mayor asentamiento de gitanos rumanos del territorio, poniendo fecha de caducidad a las chabolas.

Ese año ha llegado caduca en julio y el proyecto se ha dado por finalizado, después de haber trabajado aspectos como la escolarización de los menores, la higiene, la sanidad, la organización familiar o la formación laboral.

Las chabolas que se situaban bajo la Autovía del Urumea han protagonizado en varias ocasiones titulares de prensa, pero no siempre por el innovador proyecto llevado a cabo de la mano de la asociación Romí Bidean, los ayuntamientos de Astigarraga y Hernani, la Diputación y el Gobierno Vasco. De hecho, dentro de esa labor, se impartieron unos cursos de bioconstrucción que culminaron en una polémica al edificarse una chabola en zona inundable con el beneplácito de las instituciones. La agencia URA lanzó un advertencia al respecto.

No fue a más, pero los gitanos asentados en Astigarraga tuvieron que ser evacuados de sus viviendas al frontón del municipio en reiteradas ocasiones tras los desbordamientos periódicos del río Urumea en esa zona. E, incluso, una de las chabolas quedó totalmente destruida tras sufrir un incendio.

Pero más allá de los avatares que hayan podido sufrir la población asentada en el municipio de Buruntzaldea, la realidad es que el asentamiento chabolista está viviendo sus últimos días. Antes de Semana Santa, según señaló ayer Astigarraga, las seis familias que siguen habitando estos hogares de cartón y chapa “volverán a su país” tras haber “renunciado voluntariamente a seguir participando” en el proyecto de intervención, que fijaba el desmantelamiento del asentamiento a finales de julio de este año.