Lanbide implantará la huella digital para mejorar los controles de la RGI

La medida, que en su día propuso el PP, persigue «agilizar» la gestión y evitar el fraude, ha dicho la consejera Artolazabal

Diario Vasco, Arantxa Aldaz | san sebastián, 23-03-2017

El Gobierno Vasco va a implantar el sistema de huella digital para tramitar la RGI, una forma de identificación que persigue “agilizar” la gestión y evitar el fraude, ha dicho la consejera Beatriz Artolazabal en una rueda de prensa en la que ha presentado una batería de medidas para “mejorar” la gestión en las oficinas de Lanbide.

El sistema de huella digital fue propuesto en su día por el entonces alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, y fue rechazado por el Parlamento Vasco. Incluso el exconsejero del ramo, Angel Toña, dijo que veía “innecesario y hasta discutible” que se implantase ese sistema. La Cámara vasca, con los votos del PSE y PNV, defendió que los sistemas tecnológicos que pudieran incorporarse no impliquen “estigmatizar” a ningún colectivo.

Hoy la consejera ha querido defender la medida en esa misma línea, como una forma de “agilizar” los trámites y ha señalado que ya funciona en varias administraciones públicas como el instituto de bienestar social de Vitoria. Además, ha remarcado que el sistema se utilizará como forma de identificación de “todos los usuarios y trabajadores”, no solo a los perceptores de ayudas.

La huella digital permite evitar casos de suplantación de identidad o que un mismo perceptor se haga pasar varias veces para percibir la RGI.

En una primera fase la huella digital se implantará de forma provisional en una oficina en junio antes de extenderla al conjunto de la red de Lanbide.

Grupo antifraude

Además, la consejera ha anunciado la creación de un grupo antifraude, con la colaboración de la Ertzaintza y las policías locales, con las que se trabajará para comprobar empadronamientos.

En cualquier caso, la consejera ha limitado los casos de fraude al 0,3% de los expedientes revisados el año pasado. En concreto, se detectaron 392 estafas de un total de 132.000 expedientes controlados. Además, en otro 0,6% se resolvió que los perceptores hacían un uso indebido de la ayuda social.

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