La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha anunciado hoy que Lanbide exigirá a todos los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos (RGI) que se identifiquen a través de una huella digital al efectuar cualquier trámite con el Servicio Vasco de Empleo. El sistema, que verá la luz con una oficina piloto en junio y se extenderá después a todo Euskadi, forma parte de un paquete de medidas del Gobierno vasco para combatir el fraude en el cobro de esa ayuda social y su uso indebido. Más de 63.000 residentes en Euskadi en riesgo de exclusión social la reciben. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha reservado una partida de 493 millones de euros en su Presupuesto del presente año para financiar el pago de la RGI.

Artolazabal, quien ha destacado que el fraude en la percepción de la RGI y de la prestación complementaria de vivienda (250 euros adicionales para el pago del alquiler de un piso) «no llega ni al 1%», ha explicado que la huella digital será obligatoria para «todos los perceptores» de la ayuda y los empleados de Lanbide.

La consejera ha anunciado, entre otras iniciativas, la creación de un nuevo grupo antifraude y la ampliación de las labores de la Ertzaintza en ese terreno. El Gobierno vasco quiere mejorar el cruce de datos con la Tesorería de la Seguridad Social para evitar casos de perceptores que trabajan y tienen ingresos superiores a los que permiten el cobro de la RGI, y también con las policías municipales, que reforzarán el control sobre empadronamientos. Asimismo Lanbide pondrá en marcha protocolos internos, entre los que destaca uno para evitar agresiones a los trabajadores.

Una propuesta de Maroto

La implantación de la huella digital ya fue propuesta, sin éxito, por el PP en 2015 . El exalcalde de Vitoria Javier Maroto defendió entonces la medida tras conocerse la existencia de varios casos de fraude a Lanbide personas que recibían varias ayudas gracias a pasaportes falsificados, yihadistas huidos a Siria desde hace tiempo que seguían cobrando la RGI… que causaron una cierta alarma social. El entonces parlamentario popular abogó por esa medida en aquellos supuestos en los que técnica y jurídicamente se considere necesario. «Una persona, una identidad, 100% de garantía y 0% de fraudes», argumentó.

El Gobierno vasco rechazó en aquel momento la medida al considerarla «innecesaria» y advertir el riesgo de que pudiera «estigmatizar» a los perceptores de la RGI. Ahora ha anunciado su puesta en marcha.