En la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, SOS Racismo ha pedido urgentemente una ley integral contra este tipo de exclusión y otra que proteja a las víctimas de delitos de odio, además de un pacto de Estado para luchar contra esta forma de discurso.

Un discurso del odio, según señala la federación en un comunicado, que “aunque es vilipendiado por los poderes públicos, a menudo es fomentado por éstos”.

De esta forma se pronuncia SOS Racismo, que ha alertado del aumento nacional e internacional del discurso racista en el contexto de las migraciones.

La federación se suma así a Naciones Unidas en su preocupación por el “sesgo racista y la incitación al odio”, en particular, en el contexto de la migración.

En los últimos doce meses, según su secretario general, Mikel Mazkiaran, hemos asistido en Europa y en otro países como Estados Unidos a un aumento “desproporcionado” de discursos que incitan al odio por parte de líderes políticos.

Esta situación que trasvasa lo político, según sus palabras, está provocando que en la práctica, y al hilo de esos mensajes, una parte “no pequeña” de la población sufra hechos discriminatorios en su vida cotidiana.

Un ejemplo de estos discursos que incitan al odio, según la federación, son las propuestas del comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, a los Estados miembros de aplicar “con dureza la directiva de la vergüenza”.

“Una dureza añade que incluso avala la expulsión de menores no acompañados, invocando a un supuesto bien del menor generando un caldo de cultivo idóneo para el aumento de los discursos securitarios y del auge de las extremas derechas europeas”.

SOS Racismo ha alertado también de las prácticas de discriminación con base en perfiles raciales o religiosos en el marco de las políticas migratorias por parte de algunos países.

Y ha advertido de que en España están pasando “hechos discriminatorios claros cotidianos, no solo desapercibidos en la opinión pública, sino que en muchos casos cuentan con el apoyo de un número creciente de ciudadanos y ciudadanas”.

Por eso, exige medidas para “combatir esas actitudes y comportamientos, especialmente los delitos motivados por prejuicios, el discurso de odio y la violencia racial”.