La nueva normativa de empadronamiento de Crevillent se convierte en “un mecanismo de mejor control de personas”. La junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento el pasado lunes presentó un informe elaborado por el secretario, a petición del alcalde, César Augusto Asencio, de una normativa que “regulará y limitará la masificación de empadronados en viviendas”.

La propuesta está basada en informes del gabinete de servicios sociales, que han alertado de la existencia de viviendas habitadas “por un número excesivo personas de determinados colectivos y que no son del mismo ámbito familiar”.

La nueva normativa de empadronamiento sigue la línea de la medida adoptada por el Ayuntamiento a principios de año. El alcalde firmó un decreto por el que se dio de baja en el padrón municipal a 513 inmigrantes (de los que más de la mitad eran de origen magrebí), ya que unas inspecciones revelaron que estos vecinos no cumplían los requisitos legales.

Ahora, ante la “gran cantidad de residentes empadronados”, que podría “producir un detrimento de las condiciones mínimas de habitabilidad exigibles”, el Ayuntamiento “ha elaborado un estudio por módulos de superficie”.

Según la tipología de construcciones, el informe ha confeccionado una estimación de personas “que normalmente pueden estar en una vivienda”, con el fin de “evitar el hacinamiento por personas que carezcan de vínculo familiar”.

Tasación de superficie

Esta normativa, según fuentes municipales, “va destinada a las personas que pretendan empadronarse en Crevillent, señalando como domicilio aquellas viviendas ajenas, en las que existan ya empadronadas otras personas con las cuales no tenga vínculo familiar”.

La propuesta incluye una tasación de cada superficie y el número de personas que podría acoger. Por ejemplo, para una superficie de 20 metros se establece que pueden vivir dos personas; 30 metros, tres personas; 40 metros, cuatro; 48 metros, seis, y así sucesivamente.

Otra de las medidas que recoge esta normativa es que para empadronarse “se identifiquen mediante fotografías aquellas personas que van a ocupar las viviendas, como mecanismo de mejor control de personas”. Además, se ha previsto sanciones de hasta 450 euros para los titulares de viviendas que cometan infracciones.

La normativa municipal será remitida al Instituto Nacional de Estadística (INE) “para que “dé el visto bueno, puesto que la ley de empadronamiento está regulada por el Estado, aunque existe un vacío legal que no contempla los topes de habitantes por vivienda”.