Agentes de Mossos d’Esquadra han desalojado un asentamiento de chabolas ocupadas en las afueras de Tarragona. A primera hora de este lunes, cuatro furgones de los ARRO de la región policial del Camp de Tarragona y varias unidades de seguridad ciudadana han procedido al desalojo de las siete personas que aún permanecían en las edificaciones, medio ruinosas, ubicadas en un solar a tocar de la carretera del cementerio de Tarragona.

Una vecina, sin embargo, asegura que convivían hasta medio centenar de personas, de varias familias y nacionalidades, la mayoría de los cuales ya habían ido marchando en los últimos días. El desahucio lo ha ordenado el juzgado de primera instancia número 4 de Tarragona tras la denuncia del propietario de los terrenos.

La actuación se ha producido sin incidentes y los últimos ocupantes han retirado algunas pertenencias antes de que una máquina excavadora entrara a derribar todo el pero, lleno de trastos y suciedad. En muy mal estado y lleno de pilas de suciedad – desde mobiliario hasta chatarra – , la parcela ha sido desocupada en las últimas horas tras recibir varios avisos, tanto por parte del juzgado como de la policía catalana, que este lunes era el último día, antes de proceder a su desahucio.

En el momento de la actuación sólo quedaban siete personas – ninguno de ellos menor – que no opusieron resistencia, según informaron fuentes de los Mossos. Uno de los habitantes de las chabolas ha quedado detenido por una orden de detención de un juzgado por unos hechos, pero que no tienen nada que ver con el desalojo de este lunes.

“Llevo dos años viviendo aquí y ellos ya estaban, pero nunca he tenido ningún problema”, sostiene la vecina, que vive enfrente de la finca desahuciada. Asegura que vivían decenas de personas, de nacionalidad rumana y marroquí, y que se fueron casi todas durante el fin de semana.

Tras el desalojo, llevado a cabo a las nueve de la mañana, una excavadora ha comenzado a derribar las diversas edificaciones, entre pequeños caseríos de obra y barracas. A instancias del propietario, un particular que denunció la ocupación del espacio, se ha procedido al desahucio, por orden del juzgado de primera instancia número 4 de Tarragona.