Los Estados miembros de la UE no están obligados a conceder visados humanitarios. Ni a vecinos cercanos ni a quienes lo pidan a miles de kilómetros de distancia en embajadas. Ni siquiera si los que lo demandan corren riesgo real y probado de persecución, tortura o muerte. Las capitales europeas celebraron ayer, como si de goles en un partido de fútbol se tratara, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que indica, en virtud del Derecho de la Unión, que no existe tal obligación, pero que los países «son libres de hacerlo sobre la base de su Derecho nacional».

El de ayer en Luxemburgo ha sido un golpe importante para los refugiados y las asociaciones de derechos humanos, pero un respiro para los gobiernos. El alto tribunal, contra la recomendación del mes pasado del abogado general, considera que «el Derecho de la Unión establece únicamente los procedimientos y las condiciones para la expedición de visados para tránsito o estancias previstas en el territorio de los Estados miembros no superiores a 90 días».

La historia se remonta al 12 de octubre, cuando una pareja siria con sus tres hijos pequeños, cristianos ortodoxos y con residencia en la ciudad de Alepo, solicitó formalmente en la embajada de Bélgica en Beirut (Líbano) un «visado humanitario». La historia de la familia, identificada como x en todo el proceso, es confusa. La corte indica que regresaron a Siria tras rellenar la documentación para un «visado de validez territorial limitada» con el que llegar a Bruselas, donde querían pedir asilo. La familia indicaba que su situación era insoportable y que uno de los integrantes había sido «secuestrado por un grupo armado, golpeado y torturado antes de ser finalmente puesto en libertad contra el pago de un rescate». La familia avisaba de que al ser cristianos corrían todavía más peligro, pero menos de una semana después, el día 18 de octubre de 2016, la Oficina de extranjería belga desestimó las solicitudes, amparada en que los convenios en vigor no fuerzan a admitir en sus territorios respectivos a «las personas que vivan una situación catastrófica».

Los demandantes alegaron que «en la medida en que las propias autoridades belgas consideraron que se hallaban en una situación humanitaria excepcional» se cumplían todos los requisitos. El Estado belga, por su parte, considera que «no está obligado, ni sobre la base del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ni en virtud del artículo 33 de la Convención de Ginebra, a admitir en su territorio a un nacional de un tercer país, siendo su única obligación a este respecto la de no devolver a ese nacional». Y Luxemburgo les ha dado la razón. La decisión de ayer corresponde a la Justicia, y no técnicamente a la UE. Pero en el proceso, hasta 13 países (República Checa, Dinamarca, Alemania, Francia, Finlandia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Malta, Holanda, Austria, Polonia) se presentaron como parte interesada para respaldar a Bélgica. La mitad de la UE está de acuerdo con el polémico secretario de Estado belga, Theo Franken, que recibió la noticia en su cuenta de Twitter con un «Yesss, hemos ganado» y que había advertido de que un fallo en sentido contrario habría sido «un peligroso precedente», constituía «perder el control de las fronteras» y hubiera llevado a que las embajadas y consulados de la UE se hubieran llenado de peticiones de asilo.

La UE está fracturada en el tema de los refugiados. Las cuotas aprobadas hace casi dos años han sido ignoradas, hay denuncias mutuas y todo tipo de mecanismos para reducir al mínimo los asilos. No cambia el hecho de que se pueden pedir visados temporales por esas razones humanitarias, pero al no existir una presión de la Unión y de la Justicia, los países pueden seguir manteniendo las mismas reservas que hasta ahora y, mientras, criticar actuaciones en otras partes del planeta.

La animadversión del primer ministro húngaro, Viktor Orban, hacia los refugiados es contagiosa y adquiere proporciones de epidemia nacional. Con 138 votos a favor, 22 abstenciones y seis en contra, el Parlamento húngaro aprobó ayer una ley que permitirá recluir a todos los peticionarios de asilo y refugio, incluidos niños y menores no acompañados, mientras se decide su suerte. Hungría acondicionará «zonas de tránsito» a lo largo de la frontera con Serbia, poblados de viviendas-contenedor de los que sólo se podrá salir para volver a Serbia o en casos excepcionales como atención médica. La ley reduce además a tres días el plazo de apelación en el caso de que la demanda de asilo o refugio sea rechazada, que es lo que sucede en la mayor parte de los casos. Y para que los afectados no tengan que moverse del centro de tránsito, la ley prevé que las gestiones, incluido el recurso, puedan hacerse vía teléfono.

«Hungría debe defenderse de la invasión que presiona nuestras fronteras», declaró Orban, que se siente igualmente ungido para una cruzada que tiene como objetivo preservar la «identidad cristiana» de Europa. A toda costa, incluso del derecho internacional. Porque la ley aprobada ayer reintroduce una práctica abolida en 2013 a instancias de la Comisión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la ONU. Eso explica que inmediatamente después de que el Legislativo cediera a la obsesión que acredita sentir el jefe del Ejecutivo hacia los refugiados, ACNUR criticara a Hungría por «violar sus obligaciones en el Derecho Internacional y las normas comunitarias». La agencia de la ONU para los refugiados habló de «efectos psicológicos y físicos terribles» para los afectados, pero también de detenciones arbitrarias. Orban contaba para esta nueva vuelta de tuerca a la cuestión de los refugiados con el siempre incondicional y fiel apoyo de su partido, Unión Cívica (Fidesz) y la nociva complicidad del nacionalista y ultraderecha Jobbik. Esa pinza, atada con la venda de los diputados que no quieren ver, favoreció la aprobación por mayoría aplastante de una ley que engrosa el mayor arsenal de medidas antiinmigración adoptado en la UE.