El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens se ha reunido este martes con representantes de otros 12 municipios catalanes para crear un espacio de coordinación municipalista para mejorar la atención a los refugiados y compartir las distintas experiencias de acogida para los que se quedan fuera del sistema estatal de asilo.

A la reunión, que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Barcelona, han asistido representantes y técnicos municipales de Girona, Tarragona, Sabadell, Badalona, el Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Berga y Manresa. Se trata de las 13 localidades donde están ubicadas las 500 plazas de acogida que financia el Gobierno estatal, 200 de las cuales en la capital catalana.

Asens ha explicado en rueda de prensa que el programa del Gobierno central está excesivamente burocratizado: “Si la coordinación fuera mejor se podrían prever los recursos que se deben disponer para estas personas”. Ha recordado que la capital catalana ya impulsó el programa de acogida ‘Nausica’ para cubrir las insuficiencias del primero. Actualmente esta vía de atención integral al demandante de asilo dispone de 81 plazas en la ciudad y es el primero que implementa directamente una administración local en España.

La mayoría de los ayuntamientos reunidos este martes ha denunciado que uno de los problemas a los que se enfrentan es que no están siendo informados previamente de la apertura de estas plazas en su municipio, un hecho que obliga a los servicios municipales a realizar una labor extraordinaria para coordinarse con las entidades gestoras del plan.

Asens se ha comprometido a convocar de nuevo este espacio en dos meses y ha cargado contra la opacidad del programa estatal. “El estado recibe los fondos europeos y hace un uso opaco e inmoral, ya que los usa para políticas de expulsión o los centros de internamiento de extranjeros (CIE)”, ha criticado. Ha afirmado que, a pesar de que su uso sea legal, se hace un uso inmoral de este dinero, además de no cumplir, a su juicio, con las funciones internacionales de estos recursos.

En teoría el programa estatal ofrece vivienda y manutención durante seis meses, un período que se puede prorrogar 12, 18 o 24 meses en función de la situación de la persona y su nivel de autonomía. El Gobierno delega a entidades sociales la materialización del programa, disponiendo de diferentes plazas en pisos y albergues por toda Catalunya.

El concejal ha insistido en que la coordinación trata de cubrir el vacío que se produce cuando se agota el período que prevé el sistema estatal: “Intentamos que estas personas no sean carne de cañón de los servicios sociales”. Además ha subrayado que los consistorios están haciendo más de lo que les toca, pero que esta situación evidencia que los municipios hacer un paso al frente.

La concejal de Derechos Sociales de Berga, Anna Alsina, ha explicado que estudian la creación de un programa municipal complementario al estatal y ha lamentado que el consistorio tiene un “problema de absorción”, ya que no tienen suficiente capacidad técnica para hacer que la acogida sea buena para los refugiados.

La también concejal de Acción Social y Cooperación de Manresa, Àngels Santolària, ha asegurado que conocieron a través de la prensa que la ciudad acogería a 40 personas. “La gestión de entrada fue complicada”, ha asegurado. Por su parte, el concejal de Cooperación de Girona, Cristòbal Sànchez, ha remarcado que la información que ofrece el Gobierno español es nula.

El concejal de Badalona Justa e Inclusiva, Francesc Ribot, ha expresado que el Ejecutivo del PP ha dejado la cooperación en un término muy residual y ha criticado que el Gobierno municipal liderado por el exalcalde popular Xavier García Albiol desestructuró el área de Cooperación.