La decisión de emigrar para buscar un futuro mejor a la familia y los hijos suele arrastrar consecuencias que implican que esa misma familia a la que se trata de ‘salvar’ quede partida en dos, a veces para siempre. Así ocurre en muchos casos, y las mujeres inmigrantes que residen en Málaga capital no escapan a esa excepción. De hecho, el 52% de las que viven aquí lo hacen separadas de sus hijos, un fenómeno que por otra parte implica que muchas de ellas carezcan de una red familiar directa en la que apoyarse y que estos lazos queden en la mayoría de los casos suplidos por compatriotas e incluso por los trabajadores de algunas de las 75 asociaciones registradas en Málaga que se dedican a la atención al inmigrante. Este y otros datos se desprenden de un estudio impulsado por el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga, que avanza además que «sólo algunas de ellas han podido recuperar a sus familias a través de la reagrupación, pero en todos los casos ha habido rupturas familiares». Es la cara más amarga de la inmigración femenina en la ciudad, que aportaba la directora del área, Ruth Sarabia, al presentar el informe acompañada por el concejal responsable, Julio Andrade, y la coordinadora del estudio, Marta Goyeneche, experta en comunicación, profesora universitaria en EADE y ejemplo visible por su origen colombiano, además, de que la integración total de muchas de estas mujeres «es un hecho».

Es más, la especialista aportaba en su intervención un matiz que permite mirar con otros ojos la inmigración, «sobre todo porque ya no es un fenómeno, sino una realidad que además acaba transformando la sociedad a todos los niveles». De ahí la importancia del estudio, insistieron ayer sus promotores. Entre otras razones porque el informe constata, a juicio de Andrade, «la condición de Málaga como una ciudad acogedora, que además se ha convertido en una ‘pequeña ONU’ porque aquí hay empadronados ciudadanos de hasta 170 nacionalidades». Para el caso concreto de la mujer inmigrante los responsables se han centrado en 174 mujeres , la mayoría de ellas en un tramo de edad de entre 30 y 48 años y de 22 nacionalidades, es decir, las mayoritarias cuando se aborda esta realidad de la inmigración: marroquíes, colombianas, ecuatorianas o paraguayas; además de las tres nacionalidades comunitarias que aportan un grueso significativo de este perfil: Ucrania, Bulgaria y Rumanía.

Más allá de los datos que constatan que más de la mitad de las mujeres que viven en Málaga lo hacen alejadas de sus hijos, también existe una cara ‘B’ que abunda en esa ‘etiqueta’ de ciudad acogedora de la que presume Málaga: en este sentido, un porcentaje muy elevado de estas mujeres (57,9%) manifiesta que quiere quedarse en España (y en concreto en la ciudad) al considerarse «acogidas y felices». Del resto, el 19,8% admite que aún no tiene un plan determinado sobre su futuro y un 11,7% quiere volver a su país de origen.

Precisamente el grado de integración de estas mujeres está muy relacionado con su percepción de la discriminación, y en este capítulo también la mayoría (64,5%) asegura que nunca ha sufrido discriminación durante su estancia en Málaga. La cifra quiso destacarla la propia Sarabia, quien se refirió a un estudio idéntico a nivel nacional que baja este porcentaje a sólo el 40%. En el otro lado, el 38,5% de las encuestadas sí admiten haber vivido situaciones de discriminación (en el ámbito laboral el 48%, en la calle el 35% y en la sanidad el 14%).

La situación laboral

Si el pilar de la familia ha sido uno de los que ha sostenido el informe municipal, el segundo gran apartado entra de lleno en la situación laboral que viven las mujeres inmigrantes y constata que cerca del 80% de las encuestadas se dedica al servicio doméstico (tanto en calidad de interna como externa). Muy por debajo de esta cifra están las que ejercen labores de auxiliar de ayuda a domicilio y de geriatría (4,7%) y las camareras (4,1%). El desempleo, en este apartado, afecta a más de un 28% de las encuestadas; y de las que trabajan un 47% están dadas de alta en la Seguridad Social y el 20% trabaja sin contrato.

En este escenario, los responsables del estudio hicieron referencia a las dificultades específicas de este colectivo a la hora de acceder a un puesto de trabajo, ya sea porque no hablan correctamente el idioma o porque su nivel de estudios, en el grueso de los casos, se ciñe a la Educación Secundaria (sólo el 13% tiene estudios universitarios). Con respecto a la situación legal, el 31% ya posee la nacionalidad española, el 15% tiene permiso de residencia y trabajo temporal y sólo el 4,6% carece de esta autorización.