«Mire usted, Lanbide no pregunta al que pide la RGI si tiene intención de atentar o si ha atentado ya. De eso se encarga la Policía». Así respondió ayer la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, a una pregunta del PP en el Parlamento vasco. La popular Laura Garrido se había interesado por la «inminente» reforma de la RGI anunciada el miércoles pasado y sobre la que ayer no logró arrancar mayor concreción. «La revisión del proyecto de ley, según el calendario legislativo, se sitúa en el segundo semestre de 2018», reveló Garrido. En declaraciones a EL CORREO, la parlamentaria popular advirtió que «la tramitación llevará algo más de un año. Me temo que la reforma va para el final de la legislatura». Artolazabal, en ese sentido, no precisó fechas e insistió en que habrá cambios tanto de fondo como de protocolo.

«El otro día admitió problemas en Lanbide. Ustedes lo han convertido en un problema. Es un coladero», lanzó la parlamentaria del PP a la consejera. También enumeró las irregularidades detectadas entre los perceptores que «generan alarma social». «Tramas que falsifican pasaportes, acusados por tráfico de drogas, fallecidos, condenados por delitos de terrorismo o yihadistas que combaten y la cobran. No han hecho nada para remediarlo y el enfermo se ha vuelto crónico», apostilló.

«Le recuerdo que la normativa que regula la RGI se aprobó con el apoyo de su grupo. ¿Genera alarma social que atienda a 140.000 personas en un momento tan crítico? ¿Un sistema creado hace 28 años con un gran respaldo y consenso social? ¿El que permite una vida digna a miles de familias y a personas que complementan la pensión de viudedad?», replicó Artolazabal. Según la máxima responsable de Políticas Sociales, «no vamos a permitir que se estigmatice y que se ponga en cuestión una red con valores de los que estamos orgullosos y que están presentes en la Europa más avanzada», zanjó.

El PP matizó a continuación que «aprobamos la ley de 2008, pero algunos aspectos los respaldamos y otros no. También las modificaciones de 2011 y endurecimos las condiciones y pedimos más control, una unidad cuya función resulta ahora indispensable». Garrido puso el foco en que «nuestra ILP (iniciativa legislativa popular), la que bloquearon dos veces, pedía que se excluyera a quienes tienen delitos de terrorismo y contra la salud pública, y ustedes ni siquiera permitieron su debate». «Ya basta de maniobras dilatorias. No tenemos confianza en un Gobierno que no actúa», sentenció.

«Flaco favor»
Artolazabal recordó en su última réplica que «soy consejera hace tres meses y hemos dado pasos y vamos a dar más. Esta situación me preocupa tanto como a usted, o más, y queremos que se subsane». Pero la responsable del departamento de Empleo y Políticas Sociales aseguró que «flaco favor se hace al servicio poniendo el foco sobre 20 ó 30 casos y trasladando datos aislados y puntuales». Según Artolazabal, se han realizado numerosas revisiones y ha habido intercambios de datos con otras administraciones. «En eso le pido también que nos ayude, para que logremos la operatividad total. Porque Lanbide no es una Policía ni tiene los datos de los terroristas. Y a nadie se le pregunta si tiene intención de atentar o si ha cometido algún atentado. Es la Policía la que se encarga de eso», recordó.