La repercusión más directa de la merma de inmigrantes en España es la caída de la afiliación media de los extranjeros, que llegó a acumular un descenso del 25% en el peor momento de la crisis, medio millón de cotizantes menos en apenas seis años (durante el periodo 2008 a 2014). En definitiva, que uno de cada cuatro trabajadores no nacionales perdió su puesto de trabajo. En los últimos dos ejercicios la afiliación se ha ido recuperando levemente, pero aún así todavía hay 350.000 inmigrantes menos que pagan a la Seguridad Social: se ha pasado de los más de dos millones en 2008 a los 1,7 millones que hay en la actualidad, según los datos aportados esta misma semana por el Ministerio de Empleo.

El grupo más numeroso de trabajadores extranjeros que cotizan procede de Rumanía (más de 300.000), seguido de Marruecos (215.000), China (95.000), Italia (83.000) y Ecuador (65.000). Por regímenes, de los 1,4 millones que se encuadran en el Régimen General, 215.000 pertenecen al Sistema Especial Agrario y 185.000 al de Hogar. Por otra parte, el número de inmigrantes autónomos se acerca a los 300.000.

Y si cada vez hay menos afiliados, consecuentemente será más complicado pagar las pensiones públicas. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que España necesitará 10 millones de inmigrantes de aquí a 2050 para poder pagar estas prestaciones. Así lo afirmó su presidente, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. A este respecto, el profesor José Ramón Pin, del IESE, recuerda que los 60.000 millones que se han gastado del famoso fondo de pensiones son aportaciones que hicieron los inmigrantes en los buenos tiempos.