Desde mayo de 2015, la Comisión Europea ha sido el poli bueno en el tema de la crisis de refugiados. Hizo la primera (y las sucesivas) propuestas para recolocar hasta 160.000 refugiados llegados a las costas de Italia y Grecia y para reubicar a decenas de miles de sirios o eritreos que escapaban de la guerra en sus países. A la Comisión, sin embargo, le toca ahora hacer de poli malo.

El equipo de Jean-Claude Juncker presentó ayer en Bruselas un Plan de Acción renovado para la devolución de inmigrantes ilegales. Después de dos años intentando que los Estados miembros aceptaran y pusieran en marcha lo que firmaron (la acogida, según una serie de cuotas, de decenas de miles de personas), y de constatar el fracaso, Bruselas tiene que dar un rodeo para empujar a las capitales, un rodeo arriesgado y que implica pedir una mano muchísimo más dura con quienes no tienen derecho de asilo. Atacando a los países que como España «sólo» encierran un máximo de dos meses a los casos más extremos (quienes mienten, dan documentación falsa y son violentos, en teoría). Bruselas les insta a usar todo el margen de la ley, que permite privar de libertad entre seis y 18 meses, mientras se cierran sus expedientes.

La posición del Consejo Europeo es clarísima: puede haber refugiados en la UE, y debe haberlos, pero los llamados «migrantes económicos», los que salen sobre todo de África y no cumplen los requisitos de asilo porque «únicamente» huyen de la pobreza, no tienen cabida. Han llegado y siguen haciéndolo, pero deben ser devueltos. Y debe hacerse de manera mucho más contundente, rápida y eficaz. «Sistemáticamente tras una decisión negativa sobre su asilo» y «asegurando que los periodos de apelaciones son lo más cortos posibles».

Ahora mismo, sólo una de cada tres personas que tienen orden de expulsión por no cumplir las condiciones de asilo regresan a sus países de origen. Y no existen datos de cuántas personas en situación irregular hay en la Unión Europea.

Simplificado, la Comisión reprende a los países que, como España y Francia, tienen a su juicio legislaciones nacionales demasiado permisivas. En el país vecino un inmigrante irregular sólo puede estar detenido seis semanas, y en el nuestro, dos meses.

«La Directiva de Retornos establece unos estándares mínimos para los sistemas de devolución de los Estados miembros. Sin embargo, los márgenes de discrecionalidad han llevado a una aplicación inconsistente con un impacto negativo en la efectividad general» del plan, lamenta la Comisión. Por ello, «una interpretación más rigurosa y realista de la Directiva, en consonancia con un cumplimiento de los derechos humanos, es cada vez más necesaria», dice el documento.

Hoy no hay nuevas propuestas legislativas, pero sí insistencia y presión para que haya más dureza. Lo que afecta, especialmente, a las detenciones. La Unión Europea no recomienda que se prive de libertad a los «inmigrantes irregulares ni que se haga uso del periodo máximo de detención previsto en la legislación», explican, pero «recomienda a los Estados miembros que hagan uso de los periodos de detención permitidos cuando sea necesario para permitir que se completen los procedimientos de devolución» de los inmigrantes a terceros países. «La detención debería ser usada sólo si ninguna otra medida, menos coercitiva, puede ser aplicada efectivamente y cuando haya riesgo de fuga».

La legislación permite una detención de seis meses extensible hasta 18 en «circunstancias muy, muy especiales», según recordó ayer el comisario Dimitris Avramopoulos. «Los Estados pueden, bajo estrictas condiciones y cuando sea considerado necesario en circunstancias individuales, y en particular cuando haya riesgo de fuga, hacer uso de una detención. Las detenciones pueden ser necesarias para la organización de las operaciones de retorno. El periodo debería ser siempre lo más corto posible […] Sin embargo, el periodo máximo de detención usado por varios Estados es significativamente más corto del tiempo necesario para completar los procesos», lamenta el documento.

Lo mismo aplica también a los menores de edad. El comisario recordó que la Directiva de Retorno recoge también el caso de los menores, incluyendo en los casos más extremos su detención. «Las salvaguardas de la Directiva garantizan que los derechos fundamentales de las personas vulnerables, incluyendo a los menores de edad, sean respetados completamente. Nuestra recomendación reconfirma esos estándares que deben ser cumplidos por todos los estados miembros», dice el documento. «Cuando se aborden las decisiones de retorno, los Estados deben tener en cuenta lo que es mejor para los niños».

Para los técnicos europeos, y sus líderes políticos, la privación de libertad de los niños es un instrumento que debe utilizarse para desincentivar, puesto que de lo contrario se estaría «animando a los menores» a emprender viajes peligrosos.