Bruselas. El miércoles, el presidente de la Comisión, Jean – Claude Juncker, presentó a bombo y platillo el Libro Blanco de Europa para 2025. Quo vadis? ¿A dónde quiere ir la UE a 27? ¿Más integración? ¿Plegar velas y volver al caparazón de las competencias nacionales? Ahora mismo hay pocos temas que unan a los estados miembros. Muy pocos. Eso sí, hay excepciones y entre ellas, la inmigración y el control de las fronteras ocupa un lugar destacado, como evidencia el hecho de que ayer, Bruselas recomendase a los países aprovechar al máximo el margen legal comunitario para agilizar la expulsión de migrantes irregulares a sus países de origen e incluso retenerlos durante más tiempo en centros hasta que se materialice la salida. No hay una cifra concreta, pero se estima que «un millón» deberían ser repatriados con una orden de expulsión por incumplir los requisitos de acogerse al asilo, según fuentes comunitarias.

«Cuando hablamos de centros de detención no estamos hablando de campos de concentración. Lo que queremos es que los inmigrantes que no tienen derecho al estatus de refugiado sean repatriados. Pero mientras tanto, tienen que estar en algún sitio, por supuesto en condiciones dignas, para evitar que se fuguen», recalcó Dimitris Avramopoulos, comisario europeo de Migración e Interior, quien anunció 200 millones adicionales de cofinanciación.

En este sentido, matizó que la retención no tiene por qué practicarse de forma generalizada, sino en aquellos casos concretos en los que el afectado no coopere o haya riesgo de fuga. Y respecto al qué hacer, invitó a las capitales a hacer uso de la directiva europea, que permite un máximo de 18 meses para la retención. Sin embargo, países como España o Francia sólo aplican 60 días, muy poco según los parámetros bruselenses. «No es bastante para completar con éxito el proceso de repatriación. Deben usar la flexibilidad permitida en la directiva de retorno», lanzó de forma general al conjunto de los 28.

Esta nueva recomendación forma parte de un paquete normativo incluido en la Agenda Europea de la Migración que fue impulsada por un Colegio de Comisarios que sigue profundizando en su perfeccionamiento. De hecho, el Ejecutivo comunitario quiere que este asunto sea una piedra angular en la agenda de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará la semana que viene en Bruselas (días 9 y 10), como así se lo hizo saber ayer Juncker al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a través de un carta.

¿Pero qué es lo que quiere la Comisión? Su objetivo es reordenar el capítulo migratorio de tal forma que Europa sólo de cobijo a aquellos que pueden recibirlo según la legislación internacional.

Es decir, conceder asilo a aquellos que huyen de las guerras y, por contra, no aceptar o expulsar a los llamados «inmigrantes económicos» y que no tienen derecho a ser acogidos. Y es a este colectivo hacia el que va dirigida la nueva recomendación de la Comisión. «Los que necesiten protección internacional, la tendrán. El resto tienen que ser deportados», zanjó el comisario. Algo falla. La tasa de retorno de inmigrantes irregulares llegados a la UE se mantuvo prácticamente estable entre 2014 y 2015, que pasó del 36,6% al 36,4%. Además, si no se tienen en cuenta las repatriaciones a los países de los Balcanes, la proporción se desploma hasta el 27%. Cifras muy pobres que se justifican en parte por los muchos problemas que se encuentran en los países de origen, que rechazan readmitir a los suyos si no es a cambio de dinero.

Sin solidaridad entre países

Respecto a la otra cara a de la moneda del proceso migratorio, la Comisión sigue asistiendo a un ejercicio de insolidaridad con mayúsculas por parte de los países con sus socios de Italia y Grecia. El ambicioso sistema de recolocación dentro de la UE impulsado en su día por Juncker no funciona, como evidencia el hecho de que sólo se haya reubicado a 13.546 personas, un 12,2% de las 98.255 prometida. De ellos, España acoge 851 de los 9.323 comprometidos. El proceso dos años culmina en septiembre y el resultado final es predecible: fracaso. Y lo es, entre otras cosas, porque países como Austria, Polonia o Hungría tienen su casillero a cero.

¿Habrá sanciones? De momento, no. «Si los estados miembros fracasan a la hora de intensificar los esfuerzos y no hay resultados, la Comisión no dudará en usar de sus poderes», advirtió Avramopoulos.