El polémico mensaje de la asociación ‘hazteoir.org’, esa ya famosa frase de «los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Que no te engañen», y la posterior prohibición judicial de que circulara el autobús naranja con el lema rotulado han reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión. El titular del juzgado 42 de Madrid, el magistrado Juan José Escalonilla, aceptó ayer las medidas cautelares reclamadas por la Fiscalía y ordenó la inmovilización del vehículo por considerar que el lema puede incurrir en un delito de menosprecio a los menores, porque les niega su identidad sexual.

Todo el mundo, con unanimidad política incluida, ha mostrado su rechazo a la plataforma que dirige Ignacio Arsuaga y ha exigido respeto a la diversidad sexual, especialmente porque se trata de menores de edad a los que la ley protege. Otra cosa es si, al margen del discurso divergente, la asociación ultracatólica ha traspasado el límite de la libertad de expresión o si, por el contrario, el veto del juez menoscaba ese derecho. ¿Qué tipo de manifestaciones quedan fuera de ese amparo? ¿Puede una persona decir lo que quiera y donde quiera? ¿Todas las opiniones son igual de respetables? ¿Cuándo se cruza la línea de la polémica al delito?

La controversia no es sencilla de resolver. De entrada, los juristas consultados por este periódico muestran su «prevención hacia las limitaciones a la libertad de expresión, con independencia de que el mensaje no sea adecuado o no se esté de acuerdo con él. La libertad de expresión en muchas ocasiones molesta, irrita e incluso puede ofender», opina Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional. Lo que no está amparado es el insulto. Solozábal repara en la particularidad de que la campaña de ‘hazteoir’ está dirigida a los menores, lo que convierte el asunto en una materia aún más delicada. «Puede haber una justificación a la hora de adoptar alguna medida que es la protección de los niños y las niñas», como así considera la resolución judicial adoptada ayer que descarta que la campaña incurra en un delito de fomento o incitación al odio del colectivo transexual – que sí apreciaba la denuncia de la Fiscalía – y tampoco observa indicios de que suponga una humillación para las personas con esta identidad sexual.

La ley marca los límites. «No tengo una concepción restrictiva de la libertad de expresión. Los límites están recogidos en el Código Penal y son la incitación a la violencia o a la discriminación a determinados colectivos», coincide Eduardo Vírgala, catedrátido de Derecho Constitucional, que no ve en este caso un delito en el mensaje literal rotulado en el autobús de la polémica. «Literalmente no hay una incitación al odio o a la violencia, al margen del desacuerdo total con el mensaje», añade. «Nos deslizamos por un camino muy peligroso si se intenta deducir lo que presumiblemente hay detrás». Y advierte de la espiral que puede devenir de una interpretación restrictiva del derecho a la libertad de expresión. «Si nos colocamos en el otro lado, puede devenir en que otro tipo de expresiones tampoco puedan utilizarse, como ocurre con canciones o chistes con los que se tiene manga ancha. Si se prohíbe el autobús, se corre el riesgo de que se prohíban más cosas», sostiene Vírgala que plantea una contestación en positivo. «Los ayuntamientos o quien lo desee pueden hacer una campaña con mensajes de apoyo transgénero». En la misma línea se posicionó ayer el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González: «Más que ir al Código Penal, habría que tomar medidas positivas, tanto educativas como de protección a los menores para combatir esas ideas», dijo en declaraciones a Efe.

Concentración esta tarde

Para eludir el veto judicial, la plataforma ultracatólica ya ha anunciado que rebajará o maquillará el tono de su campaña con un nuevo mensaje que supere el filtro del juez, pero que sea también «muy llamativo» y que deje clara su lucha contra lo que denominan «la ideología de género». El paso que dé va estar muy vigilado por la Fiscalía, pero también por el propio Ayuntamiento de Madrid, que estudia que los autobuses municipales publiciten la dignidad de los menores transexuales.

La respuesta en Donostia, donde estaba anunciada la visita del autobús el martes y miércoles de la próxima semana, será una concentración hoy a las 19.00 horas en el Boulevard, convocada por las asociaciones Gehitu, Ehgam, Ampgyl, Errespetuz y la Liga LGTB de la UPV. El Ayuntamiento de la capital guipuzcoana ha declarado el autobús «non grato» y se ha comprometido a tomar «todas las medidas legales» para evitar su presencia en la ciudad.