Nadie sabe a ciencia cierta dónde están los 469.295 euros que la trama pakistaní estafó a Lanbide mediante pasaportes y padrones falsos. Cuando la Ertzaintza atrapó a siete de sus integrantes –hay otros tres, como mínimo, en paradero desconocido–, el botín recuperado no pasó de un Iphone 6, otro móvil y un puñado de euros. Sí hay constancia de que miembros huidos de esta mafia –cuyo juicio oral en la Audiencia de Álava quedó ayer «visto para sentencia»– retiraron desde Italia y Pakistán el poco dinero que había en las cuentas corrientes. Fueron varias extracciones de «no más de trescientos euros cada una». Quizá para no llamar la atención.

Todas las miradas apuntan, no obstante, a Ali S. M., supuesto cerebro de este complejo entramado que arrancó en enero de 2011 –cuando los ayuntamientos gestionaban la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV)– y que se alargó hasta febrero de 2015. Se desconoce la ubicación actual de este individuo y «cuántas identidades» pudo controlar. Incluso si aún lo hace con alguna. Entre la profusa documentación requisada por la Policía autonómica hace dos años se descubrió un permiso de residencia suyo del país transalpino. Falso, claro.

Sin contar las identidades de los miembros huidos, en el juicio se constató que este grupo se embolsó más de 13.000 euros mensuales que no les correspondía. Cada día 30, cuando Lanbide ingresa la cuota a sus perceptores, retiraban el efectivo de las diferentes libretas bajo su control. «Ese dinero probablemente acababa en Pakistán. ¿En qué se empleó? Nadie lo sabe», constatan medios policiales consultados por EL CORREO.

Jesús Muzas, el combativo letrado de los tres procesados contrarios a un acuerdo con la Fiscalía, sorprendió en su alegato final. Aparte de requerir la absolución para sus patrocinados – algo complicado dada la contundencia de las pruebas y testimonios presentados – cargó la responsabilidad de esta estafa en Lanbide, responsable de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

«Lanbide somos todos. Hay que exigir a esta administración que ponga mayor énfasis en el control. Me preocupa su evidente falta de diligencia en el control de la legalidad. Es un coladero», espetó. Explicó que algunos volantes del padrón presentados por la trama exhibieron «logos desactualizados, firmas que no correspondían con los concejales responsables o direcciones inexistentes». Incluso, que la mayoría de los empadronamientos se reducían a «domicilios que se repetían una y otra vez, y nadie lo vio». Muzas concluyó que «dar millones de euros en ayudas y gastar medio o un millón en el control es un contrasentido que pagamos los contribuyentes».

Citan la ‘hawala’ como el medio para enviarlo a la otra punta del planeta. Es un sistema típico de los países árabes. Fuera de cualquier control oficial, se basa en la confianza con los mediadores o ‘hawalanders’. A cambio de una modesta comisión, estos dan instrucciones por teléfono, fax o email a sus corresponsales en los países de origen –en este caso, la provincia de Punjab– y los fondos son recibidos en un plazo de pocos días.

Tres expulsiones

Aún hubo más. La falta de escrúpulos de este «grupo criminal» no conoció límites. Según la Fiscalía de Álava, a pesar de sus increíbles ingresos, solicitaron ayudas monetarias «puntuales» a Cáritas. La organización benéfica se las concedió. Jamás las devolvieron.

De los siete encausados, dos aceptaron antes del juicio su responsabilidad. Se les desterró diez años de España. Uno ya está en Pakistán. El otro hará el viaje en breve. Asimismo, el segundo en el escalafón, y con veintidós ayudas bajo su control, también se conformó en la apertura de la vista. Ayer, un cuarto procesado admitió una pena de cuatro años y medio en prisión a cambio de evitar el exilio. Adujo arraigo –su mujer e hijas residen en Vitoria–y que, al ser chií, podrían perseguirle en su país.

Queda, por tanto, el destino de los tres últimos implicados. La Fiscalía pidió para cada uno cuatro años y medio de cárcel. Serían sustituidos por su expulsión durante una década. Y en un gesto más simbólico que otra cosa, les reclaman la devolución de los 469.925 euros. La defensa, por su parte, solicitó su absolución. Aunque lo más inquietante de la vista fue que el representante de Lanbide reconoció que desconocen el alcance exacto de esta estafa.