El Gobierno Vasco destinará este año 31 millones más para atender toda la demanda de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), lo que incluye la subida en las nóminas de la ayuda social del 1,5% correspondiente al incremento del IPC, como propone el Departamento de Empleo y Política Social que dirige la jeltzale Beatriz Artolazabal. El principal subsidio, que actualmente cobran más de 64.000 personas en Euskadi, se llevará en total 491 millones de euros, lo que incluye también el dinero destinado a la Prestación Complementaria de Viviendad (PCV), una prestación de 250 euros ligada a la RGI para el pago del alquiler de una vivienda libre, según anunció ayer la consejera en la explicación de los presupuestos de su cartera. La cifra coincide con el gasto que el año pasado fue necesario realizar para cubrir toda la demanda. El presupuesto inicial de 2016 se quedó en 461 millones, y fue necesario completar la partida hasta los 491 millones. Con esta cifra como punto de partida para el presente ejercicio, el Departamento no parece contemplar que la demanda vaya a retroceder lo suficiente como para tener su impacto en el gasto. La elevada factura tiene también que ver con el hecho de que muchos de los beneficiarios no son perceptores únicos, sino que se trata de familias, lo que da derecho a ayudas de mayor cuantía, hasta un máximo de 1.200 euros al mes, con la PCV incluida.

En cualquier caso, la ayuda tiene carácter de derecho subjetivo, y por lo tanto el Ejecutivo está obligado a cubrir las solicitudes que cumplan los requisitos, aun cuando se haya quedado sin fondos y tenga que echar mano de otras partidas económicas.

La novedad del mayor esfuerzo presupuestario se unió ayer al anuncio de la reforma de Lanbide que, al margen del análisis «de calado político» que se debatirá en el Parlamento Vasco con una propuesta de cambios en la ley, incluirá «en breve» medidas para «contrarrestar el fraude y los cobros indebidos», así como para mejorar la atención diaria al ciudadano. Lanbide, reconoció en el turno de réplica a la oposición, «es una preocupación», pero a renglón seguido negó que no cumpla con sus objetivos. «Es verdad que es un organismo que ha tenido problemas y que tiene que mejorar», añadió. De ahí que se contemple una reforma inminente, de la que no dio más detalles.

La consejería ha insistido en reiteradas ocasiones que el nivel de fraude no llega al 1% de los expedientes. En lo que respecta a los pagos indebidos, a lo largo del año pasado, Lanbide desembolsó 31 millones de euros que no debía entre casi 64.000 perceptores. Pero desde 2012, cuando este organismo dependiente del Gobierno Vasco asumió la gestión de las ayudas, el agujero no ha parado de crecer hasta superar en la actualidad los 155 millones de euros, de los cuales se han recuperado un tercio.

Reducir la pobreza

La partida dedicada a la inclusión social en su mayoría a la RGI es una de las grandes cifras de las cuentas del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, dotado de 992.849.480 euros para este ejercicio, y que tiene como prioridades la reducción de la tasa de desempleo por debajo del 10%, y de la de pobreza en un 20%. En materia social, también incluye 23 millones de euros para las Ayudas de Emergencia Social, y 400.000 euros para el programa que gestiona Cruz Roja para paliar situaciones de pobreza energética.

En políticas familiares se invertirán 61 millones. También se reservan 20 millones para el fondo dirigido a garantizar la universalización de los servicios sociales, con el que se financiarán proyectos municipales y forales.