La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha anunciado esta mañana en el Parlamento vasco que su departamento acometerá «en breve» una «revisión» del sistema de ayudas sociales que gestiona Lanbide para evitar «situaciones de fraude y cobro indebidos». De esta manera ha respondido a las críticas de los partidos de la oposición sobre la gestión de la RGI durante su comparecencia para explicar el Presupuesto que manejerá su consejería.

En total, Empleo y Políticas Sociales contará con 992 millones de euros, de los que casi la mitad 491 millones estarán reservados al pago de ayudas para evitar la exclusión social. Esto supone un incremento de 30,3 millones con respecto al pasado ejercicio. Esta subida responde a la aplicación del IPC anual a las percepciones ya concedidas, en vez de su equiparación al Salario Mínimo Interprofesional, una medida incluida en la Ley de Garantía de Ingresos pero que el Gobierno vasco asegura no poder asumir por falta de ingresos.

«Lanbide es una preocupación de todos, también de este Gobierno. Pero no comparto las críticas sobre que esté gestionada de forma ineficaz y que no cumpla sus objetivos», aseguró Artolazal que, no obstante, no ocultó que este servicio «ha tenido problemas». Para depurarlos, se ha puesto en marcha un «proceso de mejora y modernización» para optimizar su funcionamiento. Las medidas estarán repartidas en dos grupos y tendrán, por un lado, «un calado político profundo» y por otro, afectarán a “cuestiones prácticas del día a día». La consejera no ha desvelado en qué consistirán estas acciones.