Tres de los siete paquistaníes acusados de formar una banda que llegó a cobrar 469.295 euros en concepto de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) utilizando documentación falsificada, han negado pertenecer a dicha red y haber falsificado documentos.

Este lunes por la mañana ha tenido lugar en la Audiencia de Álava la primera sesión del juicio contra tres de los supuestos miembros de esta banda, ya que los otros cuatro han reconocido los hechos y han alcanzado un acuerdo de conformidad por el que han sido condenados a cuatro años y medio de cárcel, aunque en el caso de dos de ellos ya se ha acordado sustituir esa pena por la expulsión de España, una medida que el tercero ha pedido este lunes.

Junto con ellos habrían participado en esta trama otros compatriotas suyos, entre los que figuraría el jefe de la banda, que no han sido localizados.

La Fiscalía y el abogado de la acusación particular en representación del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) del Gobierno Vasco reclaman para los tres acusados ocho años de cárcel al considerar que entre 2013 y 2015 “urdieron” junto con el resto de procesados una estrategia para “obtener de modo fraudulento ayudas públicas”.

Pidiendo asilo

Todos ellos, unidos entre sí por vínculos familiares, geográficos y culturales según el fiscal, fueron detenidos por la Ertzaintza en febrero de 2015 y se encuentran en prisión desde entonces salvo uno que ya ha sido expulsado al reconocer los hechos.

Dos de los tres acusados, para quienes su defensa pide la libre absolución, han asegurado en la vista que llegaron a España en 2010, han negado haber falsificado documentos o pasaportes y han señalado que conocieron al resto de procesados en Vitoria. Ambos han pedido asilo en España alegando que son chiítas y que su vida correría peligro si regresan a Pakistán.

El tercero de los acusados vino a España en 2005, tiene ya residencia oficial en el país, ha desempeñado distintos trabajos y ha reconocido haber pedido la RGI entre 2009 y 2010 cuando no tenía un empleo, pero ha negado haber solicitado otra ayuda con otra identidad y su fotografía.

La acusación considera que esta banda falsificó la documentación oficial exigida para acreditar tres años de empadronamiento en Euskadi con el fin de percibir la RGI, mediante pasaportes y certificados de empadronamiento “absolutamente falsos” en numerosas localidades vascas como Bilbao, Bermeo, Barakaldo, Gabiria, Llodio, Oyón, Vitoria y San Sebastián.

El martes sigue el juicio

En la vivienda de Vitoria de uno dos procesados que ha admitido los hechos se localizaron útiles para elaborar toda esa documentación falsa, así como libretas manuscritas con anotaciones de “muchas de las identidades falsas utilizadas, libretas de ahorro a nombre de esas filiaciones simuladas, varios pasaportes correspondientes a esas identidades creadas y expedientes completos de RGI a nombre de las mismas”.

Para la acusación los hechos constituyen un delito de pertenencia a grupo criminal, otro continuado de falsedad en documento público y otro continuado de estafa agravada por los que pide 8 años de cárcel pero que sean sustituidos por 10 de expulsión de España, además de una multa de 3.600 euros y una indemnización 469.295 euros a Lanbide en concepto de responsabilidad civil.

De los cuatro acusados que han reconocido los hechos, uno ha pedido que no se sustituya la pena de cárcel por la expulsión de España por su arraigo en el país y por temor a ataques en su país por motivos religiosos ya que es chiítas, mientras que el resto son suníes.

Este martes continuará el juicio con las primeras pruebas testificales, que continuarán el miércoles con la comparecencia de los agentes de la Ertzaintza que participaron en la operación y el jueves se expondrán las pruebas periciales.