«Primero intentaron criminalizar a los inmigrantes cediendo a otros países el control de las fronteras, como pasó con Turquía, e intentan ahora que ocurra con Libia. El siguiente paso es criminalizar a las organizaciones que operamos sobre el terreno. Es una estrategia para tratar de echarnos de ahí, porque evidentemente para ellos somos molestos. No solo salvamos vidas, somos también ojos que vemos cualquier injusticia que se realiza en medio del mar». Laura Lanuza, portavoz de la ONG española Proactiva Open Arms, rechaza que esta u otra de las organizaciones que salvan a inmigrantes en el Mediterráneo central tengan algún tipo de relación con los traficantes de seres humanos, como sospecha la Justicia italiana.

La Fiscalía de Catania y la de Palermo, según público ‘Il Giornale’, están «analizando» las operaciones de estas instituciones porque consideran que podrían recibir indicaciones precisas de las mafias de la inmigración sobre cuándo y dónde mandan sus barcazas cargadas con desharrapados. También han puesto la lupa los investigadores sobre su financiación, pues recelan de los medios con que cuentan. «Durante el pasado verano vimos una proliferación de organizaciones desarrollan esta actividad con una disponibilidad económica que nos sorprende», explicó a Reuters el fiscal jefe de Catania, Carmelo Zuccaro. «Hemos transmitido nuestras preocupaciones a Frontex (la agencia europea para la protección de las fronteras comunitarias), cuyos datos coinciden con los nuestros», afirma.

«Evidentemente no hay ningún tipo de conexión con las mafias», responde Lanuza. «Si la hubiera, como dicen, no ocurriría lo que pasó el pasado sábado. Rescatamos dos barcas, pero nos dijeron que había una tercera que nunca encontramos». El naufragio de esta última lancha neumática provocó la muerte de al menos 74 personas, cuyos cuerpos fueron hallados el lunes cerca de Zawiya, en el noroeste de Libia.