La calle Edgar Degas, de Aulnaysous-
Bois, parece tranquila a medianoche.
Es el eje de la zona conocida
como Las 3.000, una vía suburbial
flanqueada por bloques de viviendas
y pequeñas zonas recreativas,
fea pero no miserable. Poco tráfico,
pocos peatones. La calma nocturna
encubre la crispación. Tres jóvenes
menores de 20 años, cubiertos con
plumíferos de marca, beben refrescos
y fuman en la oscuridad junto a
unos columpios. Un coche de la policía
pasa sin detenerse. «Voilà les
petites salopes», masculla uno de
los chavales. Ellos llaman putillas a
la policía. «La policía nos llama putillas
a nosotros», dicen. «Estamos
hartos, tío, estamos hartos».
En esta calle de la banlieue parisina
vivía con su madre Hasna Aitboulahcen,
una de las yihadistas
muertas durante los atentados de
noviembre de 2015. Aquí se han desarrollado
varias batallas campales
entre jóvenes y antidisturbios desde
que el veinteañero Théodore Luhaka
fue sodomizado con una porra
policial el 2 de febrero. La atención
de toda Francia está puesta aquí, en
las barriadas, porque se teme una
repetición de la oleada de violencia
que en 2005 puso el país en estado
de emergencia. Y hay elecciones
presidenciales dentro de dos meses.
De un lado, los chavales de la
banlieue (y sus padres) acusan a la
policía de acoso, de racismo, de
desprecio. Según un estudio de la
Oficina del Defensor de los Derechos
Humanos, ocho de cada 10 jóvenes
franceses negros o árabes
han sufrido un control de identidad
y un registro en los últimos cinco
años. En cambio, solo uno de cada
10 jóvenes blancos ha sido sometido
a control en la calle.
Del otro lado, una policía exhausta
por la vigilancia antiterrorista,
agobiada por los recortes presupuestarios
y quejosa por lo que
considera falta de apoyo gubernamental,
rechaza las acusaciones de
racismo. «Joven, negro o árabe, con
una camiseta de fútbol y zapatillas
deportivas: es el perfil típico del
vendedor de hachís y en general
del pequeño delincuente, por eso se
les controla», explica un portavoz
sindical de las fuerzas de seguridad.
De cada 100 controles, solo
cinco conllevan algún tipo de acción
posterior policial o judicial.
«Se nos acusa de violentos», añade,
«pero me gustaría saber qué otra
policía habría sido capaz de manejar
dos semanas de disturbios como
las que hemos tenido ya este mes

sin causar heridas graves a nadie y,
por supuesto, sin muertes».
La gravedad de los disturbios es
considerable. En una sola noche, la
del 14 al 15 de febrero, en la banlieue
parisina fueron incendiados
47 coches y 59 contenedores, y se
contabilizaron 14 ataques con piedras
y otros proyectiles contra la
policía. Dos noches antes ardieron
34 vehículos y los agentes encajaron
10 agresiones.
Théodore Luhaka, conocido como
Théo, sufrió un desgarro de 10
centímetros en el recto poco después
de ser detenido. Los cuatro
policías implicados en el accidente
han sido procesados por abusos y
uno de ellos, además, por violación.
Permanecen en libertad. Una investigación
policial interna ha concluido
que se trató de un accidente.
Théo, que ya ha salido del hospital,
recibió la visita del presidente de la
República, François Hollande.
Cuando dos policías cayeron en
una emboscada el 8 de octubre en
Viry-Châtillon, al sur de París, y casi
fueron quemados vivos (uno permaneció
semanas en coma), el presidente
no acudió a su cabecera.
Pocos agentes han olvidado el detalle.
Los sondeos dicen que uno de
cada dos policías piensa votar al ultraderechista
Frente Nacional.
Las inflamaciones de la banlieue
son un viejo problema de Francia.
Se registran de forma periódica
desde principios de los años 80.
Después de las dos terribles semanas
en otoño de 2005, el presidente
Jacques Chirac y su primer ministro,
Dominique de Villepin, pusieron
en marcha un ambicioso programa
de regeneración urbana en
las periferias de las grandes ciudades.
En una década, la República
ha invertido más de 42.000 millones.
El gasto ha servido de poco.
Pese al adecentamiento de los edificios
y la creación de jardines y
parques de recreo, el comercio ha
ido cerrando y las comunicaciones
han empeorado, a causa de los robos
y saqueos. La raíz del problema
tiene rasgos socioeconómicos, pero
sobre todo culturales. Un sondeo
indica que casi la mitad de los jóvenes
de la banlieue creen que la sharia,
la ley islámica, está por encima
de las leyes francesas. Y la desconfianza
hacia la policía es altísima.
Los medios de comunicación
conservadores y los partidos de la
derecha han creado una imagen
monstruosa del joven de barriada,
pese a que probablemente solo refleja
a una minoría. La izquierda,
por su parte, tiende a disculpar los
comportamientos antisociales culpando
al racismo y practicando un
paternalismo que es, de otra forma,
también racista. Ambos estereotipos
favorecen la exclusión.
Las redes sociales, que eran minoritarias
en 2005, ahora propician
la histeria. En una de las manifestaciones
contra la violencia policial
de esta semana, al menos un joven
gritó «Allahou akbar». Su grito de
«Alá es grande» fue multiplicado
en las redes por los simpatizantes
de la derecha, que lo consideraron
prueba del carácter islamista de la
protesta. Las imágenes de porrazos
policiales se viralizan también: un
simple gesto aislado se convierte
en presunta demostración de brutalidad
colectiva. Todo se filma, todo
se difunde. Los prejuicios y el
rencor se refuerzan.