Amnistía Internacional ve en España «tendencias preocupantes, pero también buenas noticias». El director de la sección española, Esteban Beltrán, dio primero la buena nueva: «Existe un discurso positivo en la clase política española en cuanto a la acogida a personas que huyen de conflictos». A continuación, la mala: «Ese discurso no racista esconde una inacción preocupante a la hora de acoger refugiados. En 2016 apenas se llegó al 6% del número comprometido para reubicar refugiados. Estamos a la cola de Europa».

Pero, en general, para esta organización internacional, España no se ha quedado al margen del retroceso que vivieron los derechos humanos en el mundo durante 2016. Además de la «insuficiente» acogida de las personas refugiadas, «se siguen produciendo expulsiones colectivas en las fronteras de Ceuta y Melilla». Estos dos enclaves españoles en suelo marroquí son, en palabras de Beltrán, «un limbo donde no existen los derechos para los refugiados y migrantes». La ONG ha detectado hasta ocho tipos de violaciones de los derechos humanos en Ceuta y Melilla, que van desde la masificación de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) hasta las expulsiones ilegales –llamadas eufemísticamente «devoluciones en caliente»– a Marruecos, «donde estas personas son maltratadas por la gendarmería marroquí». En conclusión, «Ceuta y Melilla son lugares especiales donde las violaciones de los derechos humanos están más agravadas que en la Península», señaló Beltrán.

Por otra parte, «la ambigüedad y amplitud de la legislación sobre el combate contra el terrorismo en España provoca un efecto que limita de forma desproporcionada la práctica de la libertad de expresión», continuó. «En 2016 se ha condenado por enaltecimiento del terrorismo a 28 personas en 25 sentencias. Es el año con más sentencias desde 2011, año en que se disuelve ETA [entonces hubo una sentencia y un condenado]». Mencionó en este capítulo el caso de los titiriteros Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez.

Otra de las denuncias que recoge el informe que se acaba de hacer público es la persistencia de la «impunidad por el uso desproporcionado de la fuerza y otros casos de malos tratos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, que no se investigaron adecuadamente». En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado por octava vez que los casos de torturas y malos tratos no se investigan en España de forma eficaz, según recuerda la organización pro derechos humanos. La ONG considera que una investigación deficiente «consolida» la impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad.

AI también hunde sus dedos en la llaga de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, denunciando que las autoridades españolas siguen sin investigarlos. «Entre 1975, fecha del fin del franquismo, y 2010 ha habido en el mundo 45 comisiones de la verdad. En España, ninguna», reflexionó Beltrán.