Madrid – El Gobierno intentó ayer darle la vuelta al informe elaborado por
la Guardia Civil sobre inmigración, que cifraba entre 1.200 y 1.700 los
inmigrantes fallecidos en su intento de «saltar» de Mauritania a Canarias
y que en un primer momento aseguró desconocer. Si los datos de la
Benemérita reflejaban un impresionante reguero de muertos, la
interpretación del Ejecutivo presentó esta información como uno de los
elementos utilizados para salvar la vida de otras tantas personas.
   El ministro del Interior, José Antonio Alonso, y la vicepresidenta
primera, María Teresa Fernández de la Vega, tenían ayer sendas citas en
Senado y Congreso para explicar la gestión de la avalancha migratoria
desde África a instancias del PP, y ambos cerraron filas para salvar la
cara al Gobierno.
   Alonso abrió el fuego en la Cámara Alta, donde
negó que el informe fuera de la Guardia Civil y defendió que la Benemérita
se limitase a intensificar las labores de vigilancia sin ejecutar medidas
que incluía el documento. El titular de Interior tiró de estadística para
asegurar que en 2005 el Gobierno repatrió a 2.831 inmigrantes ilegales en
41 vuelos. Entre enero y febrero la vigilancia ha permitido rescatar del
mar a 600 «sin papeles» y desarticular 54 redes de tráfico de personas,
aseguró Alonso, que esgrimió la creación de un centro de acogida en
Nouadhibou para demostrar que el Gobierno está actuado correctamente.
   Bajan las entradas. Por la tarde, De la Vega explicó que la entrada de
inmigrantes en territorio español ha descendido un 25% por pateras y hasta
un 35% a través de los aeropuertos. Del informe, la vicepresidenta no sólo
asumió su existencia, sino que afirmó que «ese y muchos más han llegado al
Gobierno, y desde que llegaron, sólo en tres meses, se ha salvado la vida
de cerca de 1.700 personas».
   Sin embargo, ninguno de los dos
miembros del Ejecutivo logró convencer al PP. Ángel Acebes calificó de
«desastre» la política migratoria del Gobierno y el proceso de
regularización «que ya nadie hace». ¿Resultado? Un peligroso «efecto
llamada» que ha provocado la llegada de 3.500 subsaharianos en ocho
semanas y la muerte de 26. «¿Por qué no se ha tomado en tres meses ninguna
medida?», se preguntó.
   Pese a las críticas de los
populares, la Comisión Europea emitió ayer un informe en el que valora de
manera positiva la actuación de España en la crisis humanitaria derivada
de la última oleada de inmigrantes irregulares llegados a Canarias
procedentes de Mauritania. El documento destaca que «los principales
resultados de la misión son satisfactorios», teniendo en cuenta que
actualmente existe una «claro compromiso» de Mauritania para cooperar «al
máximo nivel» con las autoridades de España y de la UE en todas aquellas
materias que pudieran ayudar a poner freno a la entrada de inmigrantes
ilegales.