Dos de cada tres personas sin recursos que cobran una ayuda para poder pagar el alquiler en Euskadi son extranjeras. En concreto, 17.637 beneficiarios de los 27.093 que recibían la prestación complementaria de vivienda (PCV) el pasado mes de diciembre procedían de fuera del Estado, según consta en los datos aportados por la consejería de Empleo y Políticas Sociales en respuesta a la pregunta formulada por la parlamentaria del PP Laura Garrido.

Esta ayuda mensual de 250 euros está dirigida a aquellos beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que necesiten completar sus ingresos para el pago del alquiler de una vivienda. La factura total por la PCV ascendía en diciembre a 6,8 millones de euros, que se suman a los 34 millones de euros que se gastan también para abonar las nóminas mensuales de la RGI.

La elevada presencia de perceptores extranjeros entre los beneficiarios de la prestación guarda una relación directa con el hecho de que la fórmula del alquiler es también mayoritaria entre este colectivo, frente a la opción de un piso en propiedad, de ahí que copen las dos terceras partes de las prestaciones sociales ligadas al arrendamiento. Por contra, si se mira en exclusiva al perfil de los beneficiarios de la RGI, el colectivo de extranjeros supone la cuarta parte del total de beneficiarios.

La información requerida por el grupo parlamentario popular desglosa la evolución en los últimos diez meses de la prestación para el alquiler en función del lugar de origen del perceptor. Así, en diciembre de 2016 el servicio vasco de empleo Lanbide abonaba esta ayuda a 27.093 personas (no pensionistas). Comparado con marzo del año pasado, supone un ligero descenso del 1,7%, en la misma línea que la bajada del total de perceptores de la RGI en Euskadi, que cedió un 2,2% en el mismo periodo analizado. De ellos, 9.456 beneficiarios habían nacido en el Estado y el resto, 17.637, provenían de países extranjeros. Por países de procedencia, la gran mayoría de perceptores proviene de Marruecos (3.462), Argelia (1.193), Senegal (1.198) y Rumanía (1.056).

La encuesta de familias y hogares, publicada el año pasado por el Gobierno Vasco con datos de 2015, también reflejó la mayor dependencia de la PCV (y también de la RGI) de determinadas tipologías de hogar, entre ellas la compuesta por varias personas sin vínculo de parentesco, casi siempre personas inmigrantes que comparten piso. El 18% de estos hogares se ve obligado a recurrir a las ayudas sociales para paliar su situación de precariedad, una cifra muy superior a la media.

Dos sistemas de ayudas

La PCV convive en la actualidad con la nueva ayuda ligada a la Ley de Vivienda, que regula el derecho subjetivo al alquiler, si bien para esta última se exigen más requisitos, entre otros llevar cuatro años de inscripción efectiva en Etxebide y además en la opción de alquiler, mientras que para la PCV solo se piden tres años. La existencia de estos dos sistemas tiene las horas contadas, según las intenciones manifestadas desde el Departamento que dirige el socialistas Iñaki Arriola. La consejería pretende unificar los dos modelos en el paraguas de la Ley de Vivienda a través de un nuevo decreto que lime esas diferencias y permita armonizar las dos ayudas.

A escala municipal, los servicios sociales de los ayuntamientos también conceden dinero para ayudar a pagar el alquiler de la vivienda a través de las ayudas de emergencia social (AES), cuya demanda creció un 80% en los últimos cinco años hasta alcanzar los 55.000 beneficiarios.