El testimonio de varios inmigrantes localizados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha permitido determinar que las redes dedicadas al tráfico de personas cobran unos 600 euros a un inmigrante por cruzar la frontera del Tarajal en Ceuta. Las mafias cobran esta cantidad por ayudarles a camuflarse entre las personas, teniendo en cuenta que la frontera ceutí es utilizada diariamente por más de 20.000 marroquíes que entran en la ciudad para comprar y trabajar.

Los inmigrantes que utilizan este medio suelen proceder de India, Bangladesh y Pakistán. Las mismas fuentes señalaron a Efe que en el caso de los inmigrantes subsaharianos suelen pagar unos 1.000 euros por entrar por la vía marítima a bordo de pequeñas embarcaciones, principalmente balsas neumáticas, que dejan a los inmigrantes en el litoral.

La inmigración fue analizada ayer en el primer día de las IV Jornadas sobre Geopolíticas y Geoestrategia, que organiza la UNED y la Comandancia General de Ceuta. En una de las ponencias, la doctora en Ciencias Políticas Carmen González Enríquez defendió que este fenómeno «sigue las normas de la oferta y la demanda». O dicho en otras palabras: «Si hay necesidad de mano de obra, los inmigrantes seguirán llegado de manera legal o ilegal».

Efectos miseria y llamada

La profesora de Ciencias Políticas de la UNED sostuvo que «la única solución definitiva» es conseguir al menos «una cierta equiparación» entre el primer y el segundo mundo. De lo contrario – continuó González Enríquez – los inmigrantes seguirán llegando «sean cuáles sean las medidas que se tomen», como demuestra el hecho de que ningún país haya conseguido impermeabilizar sus fronteras, empezando por Estados Unidos, la nación que más dinero ha dedicado a esto.

La profesora de la UNED resaltó que el aumento de los controles de seguridad lo único que consiguen es que los inmigrantes tengan que dedicar más dinero a cruzar las fronteras ilegalmente.

Pese a esto, González cree que los procesos de regularización extraordinarios de inmigración – aunque tienen unas consecuencias positivas en la vida de los inmigrantes y en la economía – provocan un «indudable» ‘efecto llamada’, puesto que aunque siempre se anuncie como «el último», se crean expectativas de que habrá otro proceso después. En cualquier caso, recordó que hay una regularización continua, ya que la ley estable la legalización de la situación de los extranjeros después de dos años de residencia.

Junto a esto, defendió como una de las vías de solución el refuerzo de los controles internos para atajar la demanda de mano de obra inmigrante, es decir, incrementar los medios humanos y materiales de los servicios de Inspección de Trabajo.

Por su parte, doctora en Derecho de la UNED Ana María Marcos del Cano, defendió en su ponencia la necesidad de crear los derechos de las minorías para conseguir la integración de los inmigrantes.