FERROL/MADRID. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el ministro del Interior, José Antonio Alonso, y el de Defensa, José Bono, fueron informados a finales del año pasado por el Centro Nacional de Inteligencia de que entre 1.200 y 1.700 inmigrantes ilegales podrían haberse ahogado en apenas 45 días por los naufragios de barcazas en las que habían zarpado desde Mauritania con destino a las costas canarias. El informe, según pudo saber ABC, no aportaba pruebas, sino que sus conclusiones eran consecuencia de «análisis y especulaciones» a partir de datos facilitados por distintas fuentes. Aunque sí sirvió para que la Guardia Civil pusiera en marcha las primeras labores de control y vigilancia, según el contenido de la nota interna que hizo pública el lunes.

Fuentes de la Presidencia del Gobierno consultadas por ABC matizaron que el informe del Servicio de Inteligencia llegó en diciembre a los responsables de Interior, quienes a su vez se lo hicieron llegar al Instituto Armado. Como respuesta a esa información, el subdirector general de Operaciones de la Benemérita, José Manuel García Varela, elaboró la citada nota destinada al coronel jefe de la Zona de Canarias, con instrucciones precisas en las que se ordenaba intensificar la vigilancia en el mar por la situación en Mauritania. Además, se proponía una serie de iniciativas para combatir el fenómeno, que tres meses después han sido adoptadas por el Ejecutivo con carácter de urgencia, como la puesta en marcha de patrullas mixtas o la construcción de centros de acogida en ese país. Esta nota de trabajo fue la que se filtró a los medios de comunicación.

El primero que despejó cualquier duda sobre la procedencia de las primeras informaciones que alertaban ya de las dimensiones de la tragedia fue el ministro de Defensa, José Bono, al advertir que se trataba de «una nota» perteneciente al CNI «que está clasificada» y de cuyo contenido, por tanto, no podría «hablar sin cometer un delito».

Palabra de Bono

Bono, que hacía esta precisión a mediodía tras la entrega en Ferrol de la fragata «Méndez Núñez» a la Armada, dejaba así fuera de toda sospecha la actuación de los responsables de la Guardia Civil, a la que en principio parecía haberse atribuido el conocimiento primero de las salidas masivas y los ahogamientos, y el no haber avisado de ello a los responsables de Interior. Sin mencionar en momento alguno a la Benemérita, el titular de Defensa fue rotundo al confirmar que el origen de los datos estuvo en el Servicio de Inteligencia, como lo demuestra que fue el Centro el que sí se encargó de darlo a conocer a quienes correspondía.

«Que se sepa que el CNI informa a todas las autoridades que tiene que informar sobre aquello que sabe que son asuntos de las competencias de las autoridades receptoras de su información», dijo Bono, utilizando un juego de palabras deliberadamente confuso, detrás del cual se insinuaba la resposabilidad de Interior, depositario de las competencias en materia de lucha contra la inmigración, pero al que en ningún momento nombró. No quiso ir más allá. Una y otra vez, cuando se le preguntó en público y después en los corrillos de periodistas sobre la gravedad de que una advertencia como la que describe el informe no diera lugar a la adopción de medidas de urgencia, el titular de Defensa insistió en que la ley le obliga a guardar secreto. «He medido mucho mis palabras», subrayó.

El ministro más afectado, José Antonio Alonso, eludió responder si conocía o no la información, y en cambio se extendió en los incuestionables logros de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra la inmigración ilegal. La Dirección General de la Guardia Civil, por su parte, se limitaba a asegurar que, en efecto. había conocido esa información a finales de año, aunque, de forma bondadosa, no explicaba cómo había llegado a sus manos.

Fuentes de la Presidencia del Gobierno consultadas por ABC despejaban anoche las dudas y ratificaban que el informe primitivo fue el del CNI, «y tras ser distribuido entre los ministerios afectados, entre ellos el del Interior, llegó a la Guardia Civil. La respuesta de la Benemérita fue la nota informativa ya conocida». Las mismas fuentes precisaron que sí se tuvo en cuenta esa nota, como lo demuestra que en lo que va de año los servicios de rescate hayan salvado la vida de más de 600 personas sólo en aguas de Canarias: «Creemos que ha habido diligencia», añadieron los citados medios, que añadieron que «el Gobierno siempre toma en consideración todos los informes, sean clasificados o no».

Mientras, una delegación de la Guardia Civil, formada por el general al mando de la Jefatura Fiscal y de Fronteras, el coronel jefe del Servicio Marítimo y otro oficial, se encuentra ya en Mauritania, donde estarán hasta el domingo para mantener reuniones de trabajo con las autoridades de ese país, con el fin de diseñar todos las operaciones de combate contra la inmigración ilegal.