valencia. El papel de los servicios sociales generales en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los municipios valencianos durante la crisis. Éste es el título del último informe elaborado por el Síndic de Greuges y en el que analiza la situación de los colectivos más desfavorecidos entre los años 2014 y 2015. Entre las conclusiones del estudio destaca «la insuficiencia de recursos disponibles para atender la avalancha de situaciones de emergencia social planteadas durante estos años, la excesiva burocracia y la demora a la hora de acceder a las prestaciones».

En esta línea, añade que el «desbordamiento» de los servicios sociales ha obligado en muchos casos a estas familias a iniciar «un doloroso y desesperado peregrinaje por organizaciones sociales de todo tipo para dar cobertura a las necesidades más básicas y elementales, como la comida, pañales o medicinas para menores y personas mayores».

Al respecto, el informe destaca «la importante labor de las ONG a la hora de proporcionar atención, ayuda y apoyo a las familias en situaciones de riesgo de exclusión social», pero considera «preocupante» la derivación hacia estas organizaciones sociales para «atender las necesidades más elementales de las personas más débiles y desvalidas».

El estudio, desarrollado a partir de cuestionarios cumplimentados por los profesionales de los servicios sociales municipales de las tres provincias, se centra en colectivos especialmente vulnerables, como los inmigrantes, las personas con discapacidad y en situación de dependencia o los menores. En el caso de los más pequeños, el informe describe los problemas para mantener las actividades educativas más elementales «y para tener cubiertas sus necesidades más básicas, el aumento de casos de abandono parental, los problemas de inadaptación, las dificultades para poder seguir con el tratamiento de enfermedades crónicas o graves por falta de recursos para adquirir medicamentos o incluso para acceder a la atención sanitaria especializada».

Por último, el documento establece una treintena de recomendaciones para tratar de revertir la situación, como que las políticas e intervenciones sociales deben priorizar la inclusión social y la lucha contra la pobreza o la necesidad de agilizar los procedimientos y la gestión, actualizando las dotaciones económicas. Desarrollar un sistema transparente y conocido de servicios sociales o rediseñar la ley de dependencia serían otras de las propuestas.

Por su parte, la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, aprovechó para destacar que el informe «es una foto fija final de lo que fue la gestión del antiguo gobierno del PP de las políticas sociales, de dependencia y de lucha contra en el empobrecimiento» y recordó algunas de las iniciativas que la nueva Administración autonómica pretende impulsar para atajar la situación, como el proyecto de renta valenciana de inclusión.