A dos meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los enfrentamientos entre la policía y los jóvenes de los suburbios parisinos no hacen sino aumentar. El fin de semana se ha saldado con 48 detenidos, muchos de ellos menores, tras la manifestación de Bobigny, que se celebró el sábado en apoyo a Théo, el joven supuestamente violado por la policía hace dos semanas. Ante la extensión a otras ciudades, como Argenteuil, el primer ministro y el ministro del Interior se reunieron ayer con distintos colectivos de defensa de los derechos humanos para los que los esfuerzos del Gobierno por calmar los ánimos no son suficientes.

«Hemos encontrado un Gobierno que se acomoda en un balance del que parece muy satisfecho», aseguró a la salida de la reunión Pierre Tartakowsky, de la Liga de Derechos Humanos. «Nos preguntamos si se dan cuenta de la gravedad de los actos cometidos que revelan una toxicidad en el seno de las fuerzas de la policía, y en el seno mismo de nuestro país», dijo.

Por su parte, el presidente de SOS Racismo, Dominique Sopo, fue más tajante: «Sí, hay un problema con una parte de la policía nacional. Cuando hay un problema hay que evocarlo (…) para intentar que la situación mejore. Todo esto lleva a la tensión, que no es buena para nadie», lamentó.

Poco convencidos tras la reunión, los colectivos esperan volver a reunirse con el Gobierno, del que esperan medidas más comprometidas como que los policías lleven cámaras en el pecho o que se den recibos tras los controles de identidad para evitar la aleatoriedad que denuncia precisamente una parte de la población.

Resulta inevitable que Francia no recuerde estos días los disturbios de 2005, cuando dos adolescentes, Zyed Benna y Bouna Traoré, murieron electrocutados mientras se escondían de la policía en Clichy-sous-Bois. Durante aquel año, la presión contra los jóvenes de la banlieue, en un intento por frenar los enfrentamientos de bandas y el tráfico de drogas, se había intensificado bajo las órdenes del por entonces ministro del Interior Nicolas Sarkozy. Después de la tragedia, la violencia se extendió a varias de estas ciudades, lo que llevó al Ejecutivo a implantar el estado de emergencia durante varias semanas en la periferia de París.

Doce años después, el problema de las cités está lejos de haber desaparecido y, al contrario, ha estallado en plena campaña electoral sembrando aún más polémica en los distintos campos políticos.

Youssef, del movimiento ciudadano Ferguson in Paris, fundado en Aulnay-sous-Bois tras el asesinato de Michael Brown en 2014 por parte de un policía, pretende recordar que lo que pasa en Estados Unidos «también pasa en Francia». «Está claro que los disturbios van a continuar porque hay cólera. La población de estos barrios está harta de ser insultada en su día a día. La gente no se cree que la policía controle aquí a los jóvenes hasta dos veces al día», explica a este periódico el activista para el que una desconfianza mutua se ha establecido ya en ambos bandos: «La policía está muy vigilada por los vecinos, porque no se fían y van a estar alerta, por eso no creo que las revueltas vayan a cesar, todo lo contrario».

Para los vecinos, la cuestión del racismo es «evidente», aunque, en un país como Francia en el que la palabra «raza» fue incluso suprimida de la legislación en 2013, hablar de esta cuestión es prácticamente un tabú. Sin embargo, desde que las encuestas revelaron que más del 50% de policías y militares habían votado al Frente Nacional en los comicios de 2015 –frente a un 30% en 2012–, asociaciones y ciudadanos no dudan en dar la señal de alerta.

Además, tras más de un año de estado de emergencia, la Asamblea Nacional acaba de aprobar el proyecto de ley de Seguridad Pública, que suaviza las reglas por las que un agente puede actuar «en legítima defensa» y endurece las penas por ofensa a las fuerzas del orden. El texto es una respuesta del Gobierno a las manifestaciones de la policía durante el otoño, en las que denunciaban la falta de medios. Sin embargo, magistrados y asociaciones de agentes lo tachan de «inútil» y «peligroso».

Mientras que la mayoría de los candidatos intenta mantener una posición neutral, denuncia los excesos y la violencia policial contra Théo, al tiempo que piden calma a los vecinos de la banlieue, Marine Le Pen se alza como una firme defensora de las fuerzas del orden y acusa al Gobierno de «laxo»: «Las fuerzas del orden tomadas de nuevo como rehenes, silencio culpable del Gobierno #Yoapoyoalapolicía», escribía en Twitter la que ganará, según todos los sondeos, la primera vuelta de los comicios en Francia.