La polémica sobre si el Gobierno español conocía la información recogida en la nota interna de la Guardia Civil, que alertaba ya en diciembre de que miles de inmigrantes morían ahogados entre Mauritania y Canarias, desembarcó ayer en una situación paradójica, al chochar las palabras de la dirección del PSOE con las de los representantes del Ejecutivo español. Quedó claro, porque así lo dijo el ministro de Defensa, José Bono, que la información sí llegó a Madrid procedente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ya que, según explicó, el Servicio Secreto español «siempre traslada» lo que conoce a las autoridades competentes. «El CNI informa a las autoridades que tiene que informar sobre aquello que sabe y son asuntos de la competencia de las autoridades receptoras de la información», explicó el ministro español.

Bono, que afirmó que no podría hablar del contenido del comunicado sin cometer delito «porque se trata de una nota clasificada por el Ministerio de la Ley», contradijo las palabras del portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, que aseguró estar «convencido» de que la información «no está en manos del Gobierno». A la sopa de declaraciones socialistas le puso definitivamente la sal el ministro español de Interior, José Antonio Alonso, que eludió pronunciarse al respecto; el vacío resultó ser tan claro como la propia confirmación.

En declaraciones a Onda Cero, Rubalcaba no sólo se mostró convencido de que el Ejecutivo no manejaba esa información, sino que dudó de la existencia, «con esas características», de la nota a la que tuvo acceso Europa Press. «Lo primero que hay que hacer es ver si el informe existe, y, luego, comprobar dónde está, quién lo ha hecho y dónde ha ido», sostuvo.

Por su parte, CiU, de boca de su portavoz Carles Campuzano, pidió al Ejecutivo que comparezca a petición propia en el Parlamento para explicar todo la polémica que rodea al informe y el PP anunció que pedirá asimismo la comparecencia de Alonso.