La de ayer fue una mañana muy confusa para el Gobierno y para el Partido Socialista. El informe de la Guardia Civil de finales de diciembre en el que ya hablaba de más de 1.700 inmigrantes muertos tratando de llegar a Canarias desde Mauritania sembró el desconcierto.

La Moncloa confirmó que conocía desde el pasado mes de diciembre ese informe sobre la muerte de los sin papeles.

Primero fue la propia Guardia Civil la que, tras admitir la existencia de este informe, aseguró que no se le dio traslado. Después, el silencio ilustrativo del propio ministro del Interior, José Antonio Alonso, que no respondió si ese documento llegó a la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por Antonio Camacho.

Pero, a media mañana, la primera voz con algo de claridad llegó desde las filas del PSOE. El portavoz socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró «convencido» de que este informe no estaba en poder del Ejecutivo. Incluso, puso en duda su existencia: «Lo primero que hay que hacer es ver si ese informe existe con esas características o no». Una vez que esto se compruebe, continuó, «hay que ver dónde está ese informe, quién lo ha hecho, para quién y dónde ha ido». Y fue más contundente todavía: «A priori, ese informe no está en manos del Gobierno. Eso se lo garantizo», apuntó el portavoz parlamentario del PSOE, «porque si hubiera llegado al Gobierno, se hubiera actuado como se ha actuado ahora», explicó.

Pero cuando ya parecía que de nuevo ese informe se quedaba en un asunto interno de una Dirección General perteneciente al Ministerio del Interior, y que el departamento dirigido por Alonso quedaba al margen de la polémica, Moncloa confirmó que el Ejecutivo conocía el polémico informe sobre Mauritania. Fuentes gubernamentales explicaron que se tienen en cuenta todos los informes a la hora de hacer estrategias, «confidenciales y no confidenciales». Destacaron que, fruto de esos informes ya en los primeros meses de este año se salvó la vida de 600 personas en aguas de Canarias.

Pero fue el ministro de Defensa, José Bono, quien puso la guinda.Confirmó desde Ferrol que el Gobierno conocía la gravedad del flujo migratorio que se estaba produciendo desde Mauritania hacia las costas de las Islas Canarias porque dicha información procedía del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y éste, tal y como garantizó, informa puntualmente a «todas las autoridades competentes».Bono se expresó con frases milimétricamente calculadas, que incluso se había anotado en una hoja de papel, para no cometer el error de hablar más de la cuenta acerca de unos informes que él mismo reconoció como «clasificados».

«Esa pregunta», dijo el ministro cuando se le interrogó acerca del informe de la Guardia Civil, «me obliga a hacer precisiones que no tengo autorización por ley para hacer». Pero continuó: «Se trata de una nota clasificada sobre la que no puedo hablar sin cometer delito. Pero sí puedo decir que el Centro Nacional de Inteligencia informa a las autoridades que tiene que informar de todo aquello que sabe que son asuntos de la competencia de las autoridades receptoras de la información».

Con estas palabras, Bono no dejaba lugar a dudas. En primer lugar, que la nota interna del Instituto Armado del pasado mes de diciembre tenía su origen en información secreta proporcionada por el CNI.En segundo, el ministro garantizaba que dicha información había sido oportunamente trasladada a las autoridades competentes.Bono en ningún momento puso nombre a los receptores naturales de dichos informes pero todo indica que la competencia sobre un asunto de estas características recae, al menos en un principio, sobre el Ministerio del Interior y más indirectamente sobre el de Asuntos Exteriores.

La oposición fue clara y contundente. El secretario general del PP, Angel Acebes, anunció ayer que su partido pedirá la comparecencia urgente del ministro del Interior, José Antonio Alonso, en el Congreso para que explique por qué no se hizo caso al informe de la Guardia Civil que preveía la llegada de miles de inmigrantes subsaharianos a las costas canarias e informaba sobre la muerte de más de un millar de ellos en la travesía.

Acebes acusó en rueda de prensa al Gobierno de «ocultación», «desidia» e «ineficacia» en su política de inmigración y avanzó que en la sesión de control al Gobierno de hoy, preguntarán sobre este asunto al ministro del Interior. A juicio de Acebes, lo que está ocurriendo con la inmigración en España es «de extrema gravedad», al tiempo que acusó a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de «jugar con las esperanzas de los inmigrantes» con sus discursos «contradictorios».

CiU también pedirá la comparecencia en el Congreso de Alonso, para que explique «por qué el Gobierno no adoptó medidas a principios de año ante informaciones realmente graves» de la Guardia Civil.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) presentará un escrito en la Fiscalía General del Estado para que investigue de oficio un posible caso de negligencia y descoordinación o, en su defecto, improvisación por la muerte de entre 1.200 y 1.700 inmigrantes que intentaban alcanzar las costas de Canarias desde Mauritania.