M. GONZÁLEZ / J. A. RODRÍGUEZ
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Madrid

EL PAÍS
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España – 22 – 03 – 2006

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó al Gobierno el 21 de diciembre pasado de que “entre 1.200 y 1.700” subsaharianos procedentes de Mauritania se habrían ahogado intentando llegar a Canarias y que las autoridades mauritanas “estarían dispuestas a repatriar a los inmigrantes a sus países de origen” si recibiesen ayuda. Según las fuentes consultadas, el informe fue remitido a los ministerios competentes: Interior, Asuntos Exteriores y Trabajo. Sin embargo, Interior aseguró ayer que el documento lo envió directamente el CNI a la Guardia Civil y no pasó por el ministerio.

Lo habitual es que, dentro del departamento de Interior, el CNI remita este tipo de informes a la Dirección General de la Guardia Civil, a la Comisaría General de la Policía, al secretario de Estado de Seguridad y al propio ministro, especialmente cuando se trata de asuntos graves.

Europa Press difundió el lunes una nota enviada a finales de diciembre por el subdirector de Operaciones de la Guardia Civil, el general José Manuel García Varela, al coronel jefe de la Zona de Canarias, bajo el título “Asunto: Inmigración. Fallecimiento masivo de inmigrantes”. La nota explicaba que el 19 de diciembre el director general de la Seguridad de Mauritania había reconocido la muerte de 105 inmigrantes cuando intentaban llegar en pateras a Canarias.

“Sin embargo”, advertía, “se tiene conocimiento de que durante los últimos 45 días entre 2.000 y 2.500 inmigrantes se habrían embarcado en piraguas con el objetivo de llegar a las islas, de los cuales sólo unos 800 o 900 lo habrían conseguido, lo que supondría que entre 1.200 y 1.700 se habrían ahogado en el Atlántico”.

Fuentes de la Guardia Civil alegaron ayer que el informe no fue elaborado por miembros del instituto armado y que el general Varela se limitó a reenviar a sus subordinados el contenido de la nota del servicio secreto.

Por su parte, el ministro de Defensa, José Bono, dio a entender que la autoría del informe correspondía al CNI cuando, preguntado por qué el Gobierno no fue informado antes de un hecho tan grave, contestó: “Sobre el contenido de la nota a que hacía referencia, el ministro no puede hablar sin cometer delito; es decir, se trata de una nota clasificada”.

“Sepan que el Centro Nacional de Inteligencia informa a todas las autoridades que tiene que informar sobre aquello que sabe y son asuntos de la competencia de las autoridades receptoras de la información”, concluyó.

Aunque Bono no quiso detallar cuáles fueron los ministerios receptores de este informe, otras fuentes recordaron que la competencia en inmigración corresponde a Interior, Asuntos Exteriores, y Trabajo y Asuntos Sociales. Dentro de Interior, son varios los órganos afectados.

Sin embargo, portavoces de Interior calificaron ayer el documento de “nota de trabajo interno” e indicaron que el CNI lo envió directamente a la Guardia Civil, que lo derivó a sus unidades, sin que pasara por el ministerio.

La trascendencia de este punto radica en que el CNI proponía ya algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno la semana pasada, tras la llegada de más de 3.500 inmigrantes irregulares a Canarias en dos meses y medio.

En concreto, abogaba por la creación de “patrullas mixtas hispano – mauritanas” para vigilancia marítima, la instalación de centros de retención en Mauritania para albergar a inmigrantes y la dotación de vehículos para transportarlos a sus países de origen. “Con las anteriores medidas preventivas”, concluía la nota, “Mauritania estaría dispuesta a repatriar a los inmigrantes a sus países de origen, destacando la dificultad para el caso de los de origen asiático”.

El portavoz del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró convencido, en declaraciones a Onda Cero, de que el informe no estaba en poder del Gobierno, “porque si hubiera llegado al Gobierno, se hubiera actuado como se ha hecho ahora”.

Fuentes de la Moncloa indicaron, sin embargo, que el Gobierno tiene en cuenta “todos los informes, los conocidos y los no conocidos, los toma en consideración y atiende sus necesidades”.

En Presidencia del Gobierno recordaron que se requiere la autorización de las autoridades de Mauritania, que es un país soberano, para poder atender a los subsaharianos en su territorio y realizar patrullas en sus aguas.

El Ministerio del Interior dijo que, aunque, según su versión, el informe sólo fue conocido por la Guardia Civil, “ésta hizo lo que debía hacer y se intensificaron las labores de vigilancia”.

A pesar de ello, fuentes de dicho departamento restaron credibilidad al documento del CNI, asegurando que la información “no estaba contrastada” y procedía de fuentes “poco fiables” del Ejército mauritano. “¿Cómo pueden saber cuántos han salido y cuántos se han ahogado?”.