Todas las alarmas al norte y al sur del río Bravo se encendieron esta semana por la aplicación de la nueva orden ejecutiva de Donald Trump contra la mexicana Guadalupe García de Rayos, la primera persona deportada en cumplimiento del decreto por el que se expulsa de Estados Unidos a indocumentados «peligrosos». La mujer llegó de México con 14 años y durante 21 más ha vivido ilegalmente en EE UU, donde han nacido dos de sus hijos, hoy adolescentes. Fue capturada en la oficina de Phoenix (Arizona) adonde acudió a regularizar su situación. Fue detenida y deportada de manera exprés y se ha vuelto un símbolo de la lucha migratoria.

En conferencia de prensa recordó: «Nunca me cerraron el caso, no sé por qué. Ayer (por el miércoles) tuve mi cita con Migración, sabíamos qué iba a pasar, sabíamos que las nuevas leyes me podían afectar. Sabiéndolo, yo me enfrenté porque tampoco quiero andar escondiéndome». García de Rayos había sido detenida en 2008 cuando durante la redada en el parque acuático de Arizona donde trabajaba se descubrió que su número de la Seguridad Social era falso.

Fue presentada ante la autoridad migratoria y pasó varios meses en la cárcel. En 2013 se ordenó su regreso a México. Apeló contra la orden y pudo continuar en EE UU con la condición de presentarse anualmente en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para revisar su caso. Este fue un requisito implantado por el Gobierno de Barak Obama, que priorizaba las deportaciones de los sinn papeles «más peligrosos» sobre quienes no eran criminales o no habían cometido delitos graves. En este último apartado figuró García de Rayos hasta este año, cuando, consciente del riesgo, se presentó a renovar su permiso.