El Tribunal de Apelaciones rechazó ayer por decisión unánime el recurso contra la suspensión de la Orden Ejecutiva del Gobierno de EEUU que prohibía la entrada en el país de personas de siete países de mayoría musulmana. La Orden, emitida por el presidente del país, Donald Trump, el 26 de enero, había sido suspendida por un juez de la ciudad de Seattle el viernes pasado.

El presidente estadounidense ha reaccionado con su habitual sutileza, colgando un tuit en el que dice en mayúsculas: «Nos vemos en el juzgado. La seguridad de nuestra nación está en juego». La expresión See you in court se emplea comúnmente para decirle a alguien que se le va a denunciar. Nadie duda de que la Orden va a acabar en el Supremo.

Aun así, la sentencia no ha causado sorpresa. La vista del juicio fue retransmitida en streaming en Internet y en ella quedó claro el escepticismo de los tres jueces ante las tesis del letrado del Departamento de Justicia, August Flentje. La defensa del recurso, además, se vio complicada por la decisión del Gobierno de EEUU de cambiar, apenas unas horas antes de la vista, a parte de su equipo legal.

Fundamentalmente, la tesis de Flentje fue que el presidente de EEUU tiene potestad no sólo para prohibir la entrada de personas de países, sino para hacerlo cuando él considere que la situación lo requiere, sin tener que justificar sus actos. Es un argumento que repite la filosofía de las actuaciones de George W. Bush en materia de torturas y de derechos de detenidos que están siendo acusados de terrorismo.

A cambio, el abogado Noah Purcell, que representaba a los estados de Minnesota y Washington, que son los que interpusieron el recurso, no pasó por los problemas de Flentje.

La Orden Ejecutiva prohíbe la entrada en EEUU de inmigrantes de Libia, Siria, Yemen, Sudán, Irán, Irak, y Somalia, durante tres meses, y la emisión de visados de refugiado por cuatro meses. Asimismo, prohíbe indefinidamente la emisión de visados de refugiados a personas de Siria. Desde que empezó la guerra civil en ese país, en 2011, EEUU ha acogido a 14.000 sirios como refugiados.

La Orden fue aplicada de forma inmediata, lo que resultó un caos aeroportuario y una larga serie de acciones legales. El documento fue redactado por los colaboradores de Trump sin informar ni consultar a otras unidades del Estado. Como consecuencia, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás rápidamente en su intento de que medio millón de residentes permanentes de esos países se vieran afectados por las nuevas regulaciones, ya que esa decisión era indefendible legalmente.

Más del 80% de los republicanos apoyan la Orden, mientras que el 90% de los demócratas se oponen a ella, según un sondeo de la unidad de encuestas de la Universidad Quinnipiac. Trump ha atizado más la controversia con todo tipo de mensajes e incluso con 13 tuits contra los jueces. Así, se refirió a James Robart, que fue quien suspendió la Orden, como «un supuesto juez» que, con su dictamen, «fundamentalmente arrebata la aplicación de la ley de nuestro país, es ridícula y será anulada».

Hace diez días, el presidente estadounidense calificó la vista oral del juicio de «vergonzosa». Y el domingo pasado tuiteó: «No puedo creer que un juez pueda poner a nuestro país en tal peligro. Si pasa algo, échenle la culpa a él y al sistema judicial».