La semana pasada se produjo frente a las costas de Canarias la mayor avalancha de pateras de la Historia, lo cual obligó al Gobierno a impulsar urgentemente un acuerdo con Mauritania. Sin embargo, estas prisas podían haberse evitado si el Ministerio del Interior hubiese tenido en cuenta una nota enviada por la Guardia Civil en diciembre de 2005, cuyo asunto no podía ser más explícito: «Fallecimiento masivo de inmigrantes». En ella alertaba de la muerte de 1.700 subsaharianos en aguas del Atlántico.El informe explicaba también que el refuerzo de los controles en la frontera marroquí había desplazado las rutas de la inmigración y que Mauritania no podía hacer frente por sí sola a la lucha contra las mafias. A pesar de todo, el Gobierno ha permanecido cruzado de brazos hasta que el asunto le ha estallado en las manos.

Por mucho que el Ejecutivo lo niegue, el último proceso de legalización ha provocado un efecto llamada sin precedentes. Además, las mafias tienen claro que quien consigue llegar a España tiene muchas papeletas para quedarse. La regularización masiva se hizo de forma apresurada y sin ningún tipo de previsión. Ni se tuvo en cuenta nuestra realidad socioeconómica, ni se valoraron las consecuencias ni se escucharon las recomendaciones de Bruselas, que insistió en la necesidad de que este tipo de políticas debían diseñarse conjuntamente por todos los miembros de la UE, a la vez que advertía al Gobierno español de que esta medida constituía sólo un parche que no iba a paliar el problema de fondo. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo tampoco ha sido capaz de explicar si los más de 100.000 inmigrantes que según él quedaron sin papeles fueron repatriados o si permanecen en un limbo jurídico a la espera de un nuevo proceso de legalización.

En definitiva, el Gobierno no puede posponer por más tiempo la aplicación de un plan integral de inmigración basado en cuatro puntos: España no tiene capacidad para absorber toda la inmigración que le llega, los ilegales han de repatriarse con la mayor celeridad posible, han de fortalecerse los controles de las rutas marítimas y, sobre todo, cualquier reforma legislativa ha de realizarse con perspectiva de futuro.