«A los miembros de mi comunidad musulmana: Soy judía, y mi familia llegó a este país como refugiada del Holocausto. Los ataques a su comunidad suenan demasiado familiares para mí, suenan demasiado a las historias que les oía contar a mis abuelos, me han hecho sentir muy triste. Quiero que ustedes sepan que no están solos, que me siento muy agradecida de que sean parte de esta comunidad, y que me alegro de que estén aquí». Lo último que esperaba Ahmeldulhadi Sharif hace un año, cuando juró proteger a Estados Unidos y su Constitución, era recibir una postal como ésa. Y, sin embargo, aquí estaba el jueves a las dos de la tarde, en la entrada de la mezquita de la que él es imam, el Centro Islámico de Tennessee, con la postal en la mano. «Hoy ha llegado ésta. ¿Ve? No estamos solos», explicaba este estadounidense de origen somalí de 30 años, casado y padre de tres hijos. La postal era una muestra más de solidaridad telefónica, postal y electrónica que el Centro Islámico de Tennessee recibe desde que el viernes de la semana pasada Donald Trump emitió su orden ejecutiva prohibiendo la entrada en EEUU de personas de siete países de población mayoritariamente musulmana alegando riesgo terrorista. La decisión del juez federal de Seattle James Robart –que ayer suspendió el veto a los visados, reabriendo la frontera y permitiendo a las aerolíneas embarcar de nuevo a los pasajeros de los países paria– no disipa la incertidumbre. Aunque el fiscal general del Estado de Washington, Bob Ferguson, se felicitaba por la sentencia –que restablece unas 60.000 visas revocadas–, afirmando que «nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente», Trump prometió que la «anulará». El magnate tildó en un tuit el veredicto del «presunto juez» de «ridícula», y aseguró que lo impugnará «lo antes posible». «Cuando un país ya no tiene capacidad de decir quién puede entrar y salir, sobre todo por razones de seguridad, hay grandes problemas», señaló en otro mensaje de la red social. Para los inmigrantes, es sólo un factor más de inquietud. El Centro Islámico de Tennessee está en Nashville, una ciudad conocida como la hebilla del Cinturón de la Biblia, o sea, una de las capitales religiosas de EEUU, en la que están las sedes de cuatro grandes iglesias protestantes. Es el centro del rock cristiano, de las editoriales evangélicas, y la ciudad del país con más iglesias por cada 1.000 habitantes. También es la ciudad del country o sea, de la música blanca, rural y conser
vadora, y de los honky tonk, bares en los que la música en directo empieza a tocar a las once de la mañana. Pero Nashville, que está viviendo un boom económico, también tiene la mayor población de kurdos de EEUU. En total, más de 14.000, que huyeron del régimen de Sadam Husein en Irak entre 1991 y 1995. Cuando se les suma a los inmigrantes musulmanes de otros países –sobre todo a los somalíes– salen más de 20.000 miembros de esa religión en la ciudad, lo que supone en torno al 2% del censo. Ahora, esos kurdos iraquíes y somalíes se han convertido en sospechosos de terrorismo. Si alguien sabe de terrorismo es, precisamente, Sharif. El relato de su vida incluye la huida de su ciudad natal, Mogadiscio, porque fanáticos de Al Shabah, el brazo de Al Qaeda en Somalia, le habían dicho que iban a hacer con él lo mismo que con Ahmad, su compañero de piso: asesinarle. «Es que yo conozco la religión y el Libro [el Corán], y podía rebatirles fácilmente», explica el imam, sen
tado en su despacho de la mezquita. De Somalia huyó a Kenia. Su esposa, que tenía nacionalidad estadounidense, aunque, como él, había nacido en Somalia, logró que EEUU le aceptara sobre el principio de la reunificación familiar. Y, así, se hizo estadounidense. Pero, dice, desde el 30 de enero «soy un ciudadano de segunda clase. Estoy en una cárcel enorme que se llama Estados Unidos». Según la ley, Sharif es tan estadounidense como Donald Trump. Y, como tal, puede entrar y salir de EEUU cuando quiera. Pero los abogados de la Asociación Estadounidense para los Derechos Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés) le «aconsejaron que no lo hiciera». La ley es ambigua, y el presidente de EEUU se ha arrogado una discrecionalidad absoluta. Si quiere evitar riesgos, Sharif no debe salir del país, porque es posible que no pueda volver a entrar nunca. Incluso tras la sentencia del viernes, y a la espera del recurso, es mejor no jugar con las autoridades aduaneras.
O sea, que no puede ir a ver a su padre, que vive en Mogadiscio. «Le visité hace un año, pero ahora no sé cuándo voy a poder ir de nuevo», declara. El director del Centro Islámico, Alí Saleh Nooraddiin, que es de origen yemení (otro de los países afectados), vive una situación familiar peor: «Quería comprar una casa y traer a mis hijos, que viven en Europa, pero tengo miedo». El miércoles, en una oleada de histeria, se extendió el rumor de que los venezolanos y los colombianos iban a ser incluidos en la prohibición. No parece sin embargo que los súbditos de Arabia Saudí –la patria de Bin Laden, de la ideología de Al Qaeda y el IS, y de 15 de los 19 asesinos del 11S– corran peligro. Claro que no hay ningún yemení o somalí que tenga el 4,9% del capital de Citigroup, el tercer mayor banco de EEUU, ni el 10% del gigante editorial y de la prensa escrita News Corporation, de Rupert Murdoch, que apoya a Donald Trump (y en cuyo consejo de administración se sienta José María Aznar), ni el 10% de Eurodisney. Todo es de un solo saudí: el príncipe Al Walid bin Tanal. Al Walid puede seguir entrando y saliendo de EEUU en su Airbus 380 privado, el único avión del mundo con piscina. Si fuera refugiado, sería distinto, porque EEUU no deja entrar a absolutamente nadie con ese estatus desde el sábado pasado. Eso es especialmente cruel. «En prome
dio, pasan 17 años desde que una persona solicita el estatus de refugiado político hasta que se la permite entrar en el país», declarara en una conversación telefónica Kellye Branson, directora del Departamento de Refugiados de la ONG Caridad Católica de Tennesse, que depende de la diócesis de Nashville. Así que el miedo campa a sus anchas. Hay rumores –también entre la comunidad latina– de que los agentes de aduanas pedían en los aeropuertos a los inmigrantes con permiso de residencia y trabajo (la llamada Green Card) que firmaran un formulario I-470, en el que renuncian a ese estatus. Así, se convierten inmediatamente en extranjeros sin permiso de entrada, por lo que no pueden ser admitidos en EEUU. Uno a uno, cada inmigrante tiene su historia familiar rota por la orden ejecutiva. «Teníamos planes. Mi padre estaba a punto de empezar los trámites para emigrar a Estados Unidos. Y la familia iba a ir a verle ahora, por Ramadán. Mi mujer, cuando se enteró de la orden, se echó a llorar. Su madre es mayor, y tal vez no pueda ir a verla antes de que muera», declara Yasir Arafat, nacido en Yemen, que llegó a EEUU porque ganó la lotería de la Green Card, que cada año sortea 50.000 permisos de residencia en todo el mundo. Arafat, licenciado en Políticas por la Universidad de Tennessee, es el fundador de Embajadores de la Paz de EEUU, una organización que promueve el diálogo interreligioso y la ayuda médica y legal a los inmigrantes. Aunque todas las personas contactadas por EL MUNDO coincidían en descartar cualquier resistencia no legal, la tensión es evidente. En la oración del viernes, los entre 350 y 400 musulmanes que acudían al Centro Islámico estaban protegidos por un guardia armado. La sociedad está partida en dos. Aunque esta semana el porcentaje de personas que se opone a la medida se ha disparado, más del 40% de ciudadanos la defienden. Es el caso de Aubrey, veterano de cuatro guerras: «Hay que tener cuidado con quién entra. Si no, acabaremos como Europa".