Las remesas de dinero que envían los inmigrantes desde España hacia el extranjero han alcanzado un nuevo récord. El Banco de España contabiliza oficialmente que han sumado 3.844 millones de euros, con un aumento del 10,42%, al cierre del año pasado. Estos datos constituyen una evidencia más de la importancia económica que ha adquirido el fenómeno de la inmigración. Basta recordar que hace diez años el importe de las citadas remesas apenas sumaba 360 millones de euros. La evolución alcista de éstas ha ido en paralelo, como es obvio, al espectacular incremento del número de residentes extranjeros, que actualmente se estima en más de cuatro millones.

El propio Banco de España considera que, en la práctica, las remesas de la inmigración hacia el exterior podrían ser más del doble de la cifra citada y rondar los 9.000 millones de euros, ya que buena parte de los envíos se realizan por conductos que escapan a la contabilidad oficial. Si se diera por buena esta estimación, resultaría que las remesas de los inmigrantes al exterior, además, superarían con creces las que envían a nuestro país los emigrantes españoles, que suman 4.296 millones de euros. Con este cambio de los flujos financieros, que es la primera vez que se registra en la historia, España se consolida claramente desde el punto de vista económico como país de inmigración. Lejos quedan los años en que las remesas de los emigrantes y el turismo eran las únicas vías de entrada de divisas para financiar el desarrollo.

El impacto económico del fuerte incremento de la inmigración en España, de entrada, parece enormemente positivo, a expensas de estudios que lo analicen con más profundidad. Los trabajadores extranjeros no sólo ocupan los empleos que en su mayoría rechazan los españoles, sino que el consumo que realizan, incluida la compra de viviendas, es uno de los motores del dinamismo de la economía española. Al respecto hay cálculos que estiman que ello explicaría un tercio del actual crecimiento. Igualmente justificaría el superávit logrado por la Seguridad Social, cifrado en el 1,1% del producto interior bruto, ya que más de la mitad del millón de nuevos cotizantes registrado en el 2005 son inmigrantes.

En el otro lado del balance habrá que incluir, a medio plazo, el peso de los gastos sociales que genere la ingente cantidad de población inmigrante sobrevenida, que ya desde ahora, sin embargo, resulta imprescindible para la buena marcha de la economía y de la sociedad españolas.