En una nota interna de la Benemérita con fecha 21 de diciembre de 2005 se advertía de que al desconocer los inmigrantes mauritanos todavía en tierra el gran número de muertes que se estaban produciendo en el océano, se esperaba un incremento de la salida de piraguas desde costas de Mauritania con rumbo a Canarias.


Esa misma nota adelantaba las medidas que proponían las Fuerzas de Seguridad mauritanas para atajar el problema de la inmigración ilegal en su territorio, algunas de las cuales fueron adoptadas por el Gobierno español en su reunión del Consejo de Ministros de la semana pasada, tales como las patrullas conjuntas en el mar, mejores infraestructuras para albergar a los subsaharianos, y vehículos con los que poder transportarlos. “Con las anteriores medidas preventivas, Mauritania estaría dispuesta a repatriar a los inmigrantes a sus países de origen”, afirmaba la Guardia Civil hace tres meses.


Por otra parte, la nota informativa traslada el análisis que hacían de la situación “responsables de los Cuerpos de Seguridad mauritanos” y que hacía referencia a la situación en las localidades de Zouerat, Nouadibu, Rosso y Nouakchott, y a la necesidad de la “colaboración internacional” para atajar el fenómeno inmigratorio ilegal.


Carencia de vehículos

En concreto, las peticiones de esos responsables mauritanos se referían a la necesidad de vehículos con los que poder transportar a los inmigrantes que fueran previamente detenidos desde el lugar del arresto hasta “puntos de retención” previamente establecidos. Este análisis llegaba a incluir las localidades que deberían albergar esos “puntos de retención”: Zouerat, Nouadibu, Rosso y Nouakchott. Esos puntos deberían contar con “locales o tiendas de alojamiento, alimentos, asistencia sanitaria, etc”, según recoge.


Pese al referido informe no parece que ninguna autoridad española tomara entonces cartas en el asunto, y sólo cuando se hizo pública la catastrofe humanitaria se puso en marcha el Gobierno español.


Por otra parte, España es el primer país de la Unión Europea que ha solicitado ayuda a la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores (Frontex), que ahora analizará la demanda para ver cómo puede colaborar en el control de la situación en Mauritania.


La ayuda que Frontex –con sede en Varsovia y operativa desde 2005– puede ofrecer es más de carácter técnico y, sobre todo, de coordinación en el control de las fronteras marítimas, así como sobre cuestiones jurídicas bastante complejas, como es determinar a qué autoridad compete el control del mar en aguas internacionales.