Los brotes de xenofobia tras el voto del Brexit han dejado paso a un ambiente hostil. Los tres millones de inmigrantes europeos en el Reino Unido han sido reducidos a la categoría de «baza negociadora» por Theresa May. Esa situación tensa que se respira a todas horas podría dejar incluso paso a una «hostilidad deliberada», similar a la que padecen los inmigrantes de otros países extracomunitarios, según advierten varios expertos en inmigración a EL MUNDO.

Los ciudadanos de la UE podrían verse en la tesitura de ver sus cuentas bancarias bloqueadas, sus contratos laborales rescindidos y sus contratos de alquiler revocados en el «escenario de pesadilla» descrito por Andrew Tingley, del despacho de abogados de Kinsgley Napley, si se llega a romper la baraja con Bruselas.

«Hoy por hoy, los inmigrantes europeos están aún protegidos», advierte Tingley. «Logísticamente, legalmente y políticamente están ejerciendo los derechos reconocidos en los tratados europeos y no corren riesgo de deportación. Pero su futuro estatus depende de las negociaciones tras la invocación del Artículo 50. Yo recomendaría a los inmigrantes de la UE que acumulen evidencia para demostrar ‘residencia permanente’ en el país o que consideren la posibilidad de adquirir la ciudadanía británica».

Adrian Berry, del bufete Garden Court Chambers, considera que la «hostilidad deliberada» hacia los inmigrantes de la UE ya está aquí. Y la instigadora mayor, a su entender, fue la propia Theresa May durante sus seis años como secretaria de Interior. El número de ciudadanos de la UE en los centros de inmigración del Reino Unido se multiplicó por cinco en ese período. Los europeos han pasado del 2,7% de las detenciones relacionadas con las leyes de inmigración al 17% tras la votación del Brexit.

En algunos casos, los europeos han sido detenidos por razones tan peregrinas como no mostrar en el momento el carné de identidad o incluso por celebrar una fiesta de cumpleaños en un parque, como le ocurrió a un ciudadano polaco, según la organización Bail for Immigration Detainees.

«No sé si la gente de Interior ha extremado su celo en los últimos meses para complacer a la primera ministra o si lo hacen siguiendo directamente sus órdenes», advierte Adrian Berry, que recuerda cómo May dio en su día el visto bueno a las polémicas furgonetas que recorrían los barrios de Londres a modo de amenaza rodante: «¿Legalmente en el Reino Unido? Vete o serás detenido».

«Como usted no tiene alternativa para permanecer en el Reino Unido, debería hacer planes a partir de ahora para marcharse», fue la respuesta expeditiva del Ministerio de Interior que recibió hace unas semanas Monique Hawkins, una ingeniera informática holandesa, afincada en el Reino Unido desde hace 24 años, casada con un inglés y con dos hijos británicos. Monique figura entre 100.000 europeos que se atrevieron a solicitar la ciudadanía británica «por lo que pudiera pasar» tras el Brexit, y esa fue la respuesta que recibió, tras llenar un formulario de 85 páginas y estrellarse con «un muro de burocracia a lo Monty Python». Tras el clamor suscitado por su caso, las autoridades británicas accedieron a revisar su expediente y todo parece indicar que se podrá quedar.

Los casos como el de Monique Hawkins o Dom Wolf (un hijo de alemanes, nacido hace 32 años en Londres, al que se le denegó el pasaporte británico) han puesto en guardia a Bruselas ante la negociación del Brexit. La eurodiputada holandesa Sophie int Velt, de la Alianza de Liberales y Demócratas, ha anunciado la creación de una «fuerza de choque» para evitar el hostigamiento hacia los ciudadanos de la UE, sacudidos periódicamente por noticias como las «listas negras» de inmigrantes en las empresas o el «impuesto» de trabajadores extranjeros (dos medidas anticipadas y luego «retiradas» por el Gobierno tras el rechazo provocado en la opinión pública).

«¿Por qué el Gobierno británico está intentando ponérselo tan difícil a la gente que lleva viviendo allí durante décadas?», se pregunta Sophie int Velt. «¿Cuál es la señal que están intentando enviar a la gente? No conozco otro país de la UE donde uno se estrelle con un muro burocrático similar al pedir la ciudadanía».

Según Nicolas Hatton, el francés que dirige el grupo The Three Million –en defensa de los derechos de los inmigrantes de la UE– la tensión y el estrés van a más según pasan los meses. «Si todos los europeos que estamos aquí tramitáramos la ciudadanía británica crearíamos un embudo burocrático que tardaría 47 años en resolverse», advierte. «Con lo fácil que le hubiera sido garantizar nuestros derechos como señal de buena voluntad ante la negociación».

«Políticamente, se puede entender que Theresa May no dé ese paso para no dejar en la estacada a los expatriados británicos», asegura el experto en inmigración Andrew Tingley. «Pero es totalmente inconcebible que el Gobierno británico deje en el limbo a tres millones de europeos».

TRES MILLONES DE EXPATRIADOS
Integrados. Más de tres millones de ciudadanos de la Unión Europea tienen residencia fija en el Reino Unido, la mayoría afincados en Londres. En teoría, los que lleven más de cinco años podrán conservar sus derechos.

Españoles. Nada menos que 200.000 españoles residen en el Reino Unido. Al menos 140.000 lleva más de cinco años viviendo allí. Hasta 60.000 de ellos podrían ser deportados legalmente con un ‘Brexit’ «duro».

Alternativas. El plan de amnistía para los que llevan menos tiempo en el país está actualmente en estudio.