El dramático incendio vivido en la madrugada del 4 de marzo en la bilbaína calle San Francisco, donde cuatro personas perdieron la vida, ha sacado a la luz una realidad en alza en los últimos años propiciada, en gran parte, por el fenómeno de la inmigración. Los ‘pisos patera’ se han multiplicado en diferentes barrios de Bilbao. Pero no sólo en Bilbao la Vieja, también, según el PP, «en Uribarri, Abando, Basurto o San Ignacio». Un estudio realizado por la UPV en 2003 ya advertía a los responsables municipales de que la Policía Municipal se sentía «incapaz» de acabar con los problemas de tráfico de droga y las pensiones ilegales, dado «su escaso margen de maniobra».

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Antonio Basagoiti, acusó a los responsables municipales de «mentir al decir que no sabían nada de pensiones ilegales». En este sentido, el líder popular alertó de la «gravedad» de esta realidad y pidió una «mayor coordinación» entre el Ayuntamiento, la Diputación y los Gobiernos central y vasco. Una de sus peticiones fue la de crear una mesa de trabajo en la que estén presentes estas cuatro instituciones.

En el informe también se detalla cómo la Policía administrativa encuentra «continuos problemas de coordinación con áreas municipales como urbanismo, salud y consumo». Otro de los aspectos negativos habla de la «falta de colaboración con la Policía Nacional».

En el próximo pleno del día 30, el PP pedirá la elaboración de un plan que contribuya a controlar el número de personas empadronadas en cada vivienda o la creación de un cuerpo de inspectores. Asimismo, la parlamentaria popular Juana Iturmendi ha pedido a la consejera de Industria, Ana Aguirre, que especifique los controles efectuados en pensiones desde 2002.