En plena Navidad, la Guardia Civil ya alertó a Interior de que la situación en Mauritania era insostenible, que la llegada de inmigrantes a Canarias desde aquel país se había convertido en una avalancha y que el número de sin papeles fallecidos al tratar de llegar a España era incontable, según una nota del Instituto Armado.

En este documento interno, fechado el pasado 21 de diciembre, no sólo se alertaba de la situación que había en esos momentos, sino de un paulatino empeoramiento con el paso de los días. No en vano, en diciembre, es cuando más fría está el agua, por este motivo, eran pocos los inmigrantes que intentaban cruzar en canoa hasta Canarias. Con la llegada del buen tiempo, como se ha comprobado, los intentos se han convertido en masivos.

Sin embargo, ya en diciembre, la Guardia Civil no sólo había avisado, sino que también había dado algunas recomendaciones para tratar de amortiguar la tragedia.

En dichos escritos, los responsables del Instituto Armado explicaban que la llegada de inmigrantes, principalmente subsaharianos que pretenden llegar a las costas desde Mauritania, «está alcanzando cotas dramáticas en lo que a cifras de ahogados se refiere».

Asimismo, se detalla que ya, a mediados de diciembre, se tuvo conocimiento de que, «en los últimos 45 días, entre 2000 y 2500 inmigrantes se habían embarcado en piraguas con el objetivo de llegar a Canarias, de ellos, «sólo unos 800 o 900 lo habrían conseguido», lo que supondría que entre 1.200 y 1.700 se habrían ahogado en las aguas del Océano Atlántico».

La nota informativa – bajo el epígrafe Asunto: inmigración. Fallecimiento masivo de inmigrantes – está fechada en 21 de diciembre y fue enviada por el subdirector general de Operaciones, José Manuel García Varela, al coronel jefe de la zona de Canarias, Antonio Cañamero, cinco días después, según informa Europa Press. Su objeto era que se intensificaran las labores de vigilancia de los Servicios Marítimos Provinciales (SMP) y las Patrullas Fiscales Territoriales (Pafites).

Cifras reales

Según se explica en la citada nota: «La envergadura de los sucesos acaecidos ha generado preocupación en las autoridades mauritanas ya que, además del drama humano que supone, de hacerse públicas las cifras reales sobre muertos se deterioraría la imagen internacional de su Gobierno y, a su vez, provocaría la reacción de los colectivos de apoyo a los inmigrantes contra la política mauritana en materia migratoria y de Derechos Humanos».

Los análisis entonces realizados por la Guardia Civil coincidían, prácticamente por completo, con los que, durante los últimos meses, realizó también el Cuerpo Nacional de Policía. Ambos alertaron al Ministerio del Interior de lo delicado de la situación. Los mandos policiales, incluso, alertaron de la llegada a las poblaciones de Mauritania, desde donde salen las canoas de decenas de miles de subsaharianos decididos a tratar de llegar a Canarias.

Apenas hace tres semanas que se han comenzado a tomar decisiones.De hecho, ahora es cuando la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se ha desplazado a Canarias para conocer de primera mano el alcance de la situación.

En la nota de la Guardia Civil se explica también que el 15 de diciembre, ante el cariz que tomaban los acontecimientos, representantes de la embajada de Senegal en Mauritania se desplazaron desde Nouakchoft a Nouadhibou para estudiar con los representantes del Gobierno mauritano el problema.

En aquellas fechas, el Gobierno africano era ya consciente de «la falta de medios con que cuenta su país para afrontar el problema de la inmigración que recibe, destacando que las ciudades de Zouerar, Nouadhibou, Rosse y Nouakchoft soportan habitualmente una elevada concentración de inmigrantes, a la vez que han dejado patente la importancia de contar con la colaboración internacional en la lucha contra el fenómeno», detalla este escrito de la Guardia Civil que añade algunas de las necesidades que demandan los mauritanos como «vehículos con los que poder transportar a los clandestinos que se detengan desde el lugar de la detención hasta puntos de retención previamente establecidos. Estos puntos se ubicarían, en principio, en Zouerar, Nouadhibou, Rosso y Nooakchoft».

Además, reclaman que estos puntos de retención cuenten con infraestructura suficiente para poder alojar a los inmigrantes detenidos, con condiciones sanitarias mínimas. Asimismo, la nota añade que Mauritania «estaría dispuesta a repatriar a los inmigrantes a sus países de origen, destacando la dificultad para el caso de los de origen asiático».

La Guardia Civil también señala con el dedo al que, oficiosamente, considera responsable de este aumento de la presión migratoria.«Funcionarios mauritanos responsabilizan a Marruecos de lo ocurrido, aunque de forma oficiosa, al llevar a cabo continuas deportaciones de inmigrantes en la frontera mauritano – marroquí».

Finalmente, el Instituto Armado hace una recomendación para hacer frente a este fenómeno: «La creación de patrullas mixtas hispano – mauritanas ya que, además de las interceptaciones que se llevarían a cabo, tendrían un efecto disuasorio sobre los candidatos a embarcarse, que se traduciría en un descenso en la pérdida de vidas». Una medida que aprobó el Gobierno la semana pasada dentro del lote de actuaciones previstas para frenar la inmigración ilegal.

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