“Con los corredores se trasladó a cientos de personas de forma legal por Italia en 2016”
“Euskadi ha acogido a 570 personas, de las que 46 procedían de reubicaciones”

donostia – El Gobierno Vasco ha planteado a la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como a instituciones vascas y a entidades sociales, la puesta en marcha de un corredor humanitario que sería gestionado desde Euskadi. A través de esta experiencia piloto, desarrollada por la comunidad de San Egidio en Italia durante 2016, se les otorga un visado humanitario a los refugiados para que puedan cruzar el país y eviten así el riesgo de naufragar en el mar Mediterráneo. Junto a esta medida, el Ejecutivo vasco también ha propuesto reforzar el sistema ordinario de acogida con un “refuerzo complementario” que supondría aumentar las plazas según el número de personas que pueda acoger cada municipio vasco.

Jonan Fernández, secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco; y Monika Hernando, directora de Víctimas y Derechos Humanos, desgranaron ayer estas propuestas para mejorar la capacidad de acogida e integración de las personas refugiadas, que fueron trasladadas al Gobierno central la semana pasada.

“Se estima que más de 5.000 personas han muerto en el Mediterráneo huyendo de la guerra”, señaló Fernández. Para paliar esta situación, el Gobierno de Urkullu propone seguir la estela de la experiencia impulsada por la Comunidad laica de San Egidio en colaboración con el Gobierno italiano. A través de estos corredores humanitarios la comunidad consiguió trasladar a cientos de personas “en situación de vulnerabilidad” de manera “legal y segura”, otorgándoles un visado humanitario, informó el secretario general para la Paz y la Convivencia.

Así, explicó que el Ejecutivo vasco está preparado para poner esta medida en marcha “inmediatamente”. De hecho, añadió que podrían trasladar “a unas 50 personas” en colaboración con la Comunidad de San Egidio y de algunas entidades sociales vascas. Estos individuos serían identificados en su país de origen, posteriormente se organizaría su viaje y su llegada a Euskadi, que siempre contaría con la atención de los servicios de integración y acogida.

llegar a los 1.000 acogidos Tras la explosión de esta crisis humanitaria en 2015, el Gobierno central asumió el compromiso de acoger a 17.228 personas mediante reubicaciones y reasentamientos, y el Gobierno Vasco manifestó su disposición de acoger a 1.000 personas. “Al final de 2016, las personas acogidas en España han sido 980. En Euskadi se han acogido 570 personas, de las cuales solo 46 procedían de reubicaciones o reasentamientos, el resto llegó al Estado por sus propios medios”, aclaró Hernando.

En este sentido, el Gobierno Vasco considera que una de las “claves” para mejorar la respuesta a esta crisis es “complementar el sistema ordinario mientras dure la excepcionalidad”. De este modo, las comunidades autónomas jugarían un “papel directo” en los procesos de acogida e integración y no serían solo “espectadores”. Para ello, sería “indispensable” una colaboración “multilateral activa” entre el Gobierno central, instituciones europeas, instituciones forales y locales, las entidades que gestionan los programas de acogida y la sociedad civil.

En el País Vasco, el Sistema de Refuerzo Complementario arrancaría con un proceso en el que cada ayuntamiento valoraría y establecería el número de personas que pueden acogerse en el municipio. “Este cálculo se realizaría basándose en el denominado Módulo Estándar de Integración, que recoge la disponibilidad de ofrecer una vivienda adecuada, un recurso inmediato de aprendizaje del castellano y los servicios sociales para unas cinco personas”, detalló Fernández. Según auguró, los ayuntamientos esperan completar este proceso de valoración en el plazo de un mes. Además, estimó que el número de plazas “no estará muy distanciado de las 1.000”, tal y como anunció el Gobierno Vasco en 2015.

En el marco de esta propuesta, el Ejecutivo creará una estructura de apoyo para los ayuntamientos, de acuerdo con las diputaciones vascas y las entidades sociales homologadas. Para ello, dotará de apoyo económico, cuya cuantía todavía no se ha especificado, a los consistorios y entidades e implicará a todos los departamentos que tengan relación con el proceso de acogida e integración social de las personas desplazadas.

El Gobierno central recibió sendas propuestas la semana pasada, pero todavía “no hay respuesta”, aclaró Fernández. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social mantiene una “comunicación fluida y constructiva” con el Ejecutivo vasco, al que trasladó que está “estudiando” las iniciativas.