El campamento de rumanos en Durango tiene los días contados. Ante las quejas de los vecinos del barrio Aramotz en el que se ubica y de la «ilegalidad» que supone la existencia de chabolas en el municipio, el Ayuntamiento lleva meses solicitándoles que abandonen la zona. Ayer, fue la última vez que se lo pidieron. Y ante su negativa a abandonar el lugar, se ha opado por poner a disposición judicial el desalojo del asentamiento y posterior derribo de las chabolas.

La noticia pilló por sorpresa a los vecinos que desde hace años conviven a escasos 300 metros de sus casas con una comunidad de más de una veintena de rumanos, resguardados por zarzas y malezas. Pese a que el Ayuntamiento habíaprevisto la llegada de las excavadoras y las fuerzas de seguridad sobre las nueve de la mañana, no fue hasta las diez de la mañana cuando se personaron las patrullas de Ertzaintza y municipales, sin apenas expectación, salvo varios vecinos observando la escena desde sus hogares. Una vez dentro, procedieron a comprobar que se había llevado a cabo desalojo, tal y como el Ayuntamiento les había solicitado en varias ocasiones en los últimos meses, y se les invitó a abandonar el lugar. Sin embargo, al no encontrarse todos los ocupantes en esos momentos y ante la negativa de irse de los presentes, el derribo no pudo llevarse a cabo.

«Estos últimos días no hay mucho movimiento en el campamento, salvo el ir y venir de coches patrullas», explicaba una vecina. Los cuatro coches que habitualmente llegan con gente llevan días sin pasarse por Aramotz y, según estas fuentes, los ocupas han estado llevándose «paquetes de ropa».

Derivados al albergue

«Da la impresión de que se van a ir, pero sinceramente no me lo creo, dentro de un mes volverá la misma comedia y ya está, porque a nadie parece importarles que estén aquí», manifestaba.

Tras el intento fallido de ayer, el Ayuntamiento inició un procedimiento judicial para el derribo del campamento. Aseguran estar haciendo lo posible por evitar un desalojo forzoso y «respetar la dignidad de las personas que ocupan el campamento. Según explicaron les han ofrecido la mediación de los Servicios Sociales para que puedan optar a las ayudas que las instituciones ofrecen a las personas sin recursos, aunque para ello deben regularizar su situación y abandonar su vida en un campamento ilegal.

Este proceder, que viene precedido de un diagnóstico del campamento y de sus moradores, trata de «salvaguardar los derechos humanos» de las personas afectadas y en él se ha implicado tanto el Ayuntamiento como la Mancomunidad, la Diputación y el Gobierno vasco.

Según informaron en un comunicado, el Ayuntamiento ha mantenido reuniones individuales y colectivas con los rumanos y con todas las instituciones implicadas. Una vez que se produzca el derribo, y dada su condición de nómadas, serán derivados al albergue invernal de la Mancomunidad en Durango.