François Fillon no es el único salpicado por un escándalo de contratación de asistentes ficticios. Marine Le Pen tenía hasta la media noche del 31 de enero para devolver los 298.497,87 euros que el Parlamento Europeo le exige por un contrato de asistentes que nunca trabajaron para la institución sino para el partido, en su sede de Nanterre.

Le Pen se niega a devolver el dinero y denuncia, como Fillon, una campaña lanzada por sus adversarios. A la populista le resulta «indignante» que la Eurocámara le exija el pago «sin que la Justicia se haya pronunciado». «El Parlamento, sin haberme escuchado ni dar argumentos, ha decidido que debo proceder al reembolso de una cantidad tan considerable como esta», dijo el 27 de enero.

De ahí que la líder de ultraderecha, segura en los sondeos para pasar a la segunda vuelta en las presidenciales, haya preferido guardar silencio en el caso de Penelope Fillon, la mujer del candidato de la derecha que recibió hasta 900.000 euros por trabajar como asistenta parlamentaria de su marido, puesto hasta el momento imposible de probar. A Fillon siguen lloviéndole los escándalos. Ayer, Mediapart reveló que Fillon trabaja desde 2012 como consejero en una importante empresa de consultoría, pero nunca ha declarado públicamente este cargo, que le ha reportado unos ingresos de 200.000 euros en los últimos cuatro años.

El número dos del Frente Nacional, Florian Philippot, no acepta comparaciones de ambos asuntos y señaló ayer en una entrevista que son «casos complejos de comprender». «No ha habido ni enriquecimiento personal ni sospechas de empleos ficticios. Nos dicen que son personas que deberían trabajar para el Parlamento Europeo y no para el partido, son casos muy difíciles de entender», dice el vicepresidente, justificando que su superior no pague a la espera de una «decisión de la Justicia».

Por su parte, la institución europea que ya llevó una investigación al respecto a través de la Oficina Antifraude, estima que la europarlamentaria recibió dinero para remunerar a dos asistentes que nunca han ejercido como tales. El asunto se remonta a 2014, tras los comicios europeos, cuando la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude abrió una investigación por la contratación de una veintena de asistentes para los frontistas. Uno de estos contratos se refiere a la que fuera cuñada de Marine Le Pen, Catherine Griset. La revista Challenges publicó que, según el secretario general de la institución, Griset no vivía en Bruselas pese a que su contrato así lo establecía. Durante el tiempo que ha durado la investigación no han podido probar que la residencia de la frontista estuviera en la capital belga. Ni siquiera que acudiera de forma regular.

El documento también pone en tela de juicio el comportamiento de Le Pen que, dado que se trataba de una empleada, debía estar al tanto de la situación. El FN no ha entregado en ningún momento los documentos que se le exigían. Al no devolver el dinero, su sueldo como europarlamentaria será reducido a la mitad hasta hacer frente a la cantidad que debe a la Cámara europea. Además, antes del 28 de febrero, Le Pen deberá pagar otros 41.554 euros por la contratación de su guardaespaldas, Thierry Légier, a quien también hizo pasar por asistente.