PABLO ALCALÁ

LAS PALMAS. El «no» tajante a la ampliación de los centros de retención que se apresuró a rechazar el Ejecutivo autonómico de Canarias tiene su explicación en uno de los pilares que sustenta la política del partido gobernante en las islas, Coalición Canaria. Su presidente, Paulino Rivero, ha reiterado que Zapatero ignora la frontera sur de España y no hace cumplir la ley de Extranjería, lo que, en su opinión, está provocando un volumen de población «que la Comunidad es incapaz de soportar».

Una de las bases de todas las reivindicaciones (en materia de Sanidad, Educación o Infraestructuras) es el efecto que, sobre el reparto de estos recursos, tiene el espectacular crecimiento que la población del archipiélago ha experimentado en la última década.

Tampoco ha ayudado el escaso grado de cumplimiento del Plan de Inmigración, firmado por Jesús Caldera, cuyos principales efectos económicos destinados a atender los flujos de indocumentados siguen haciéndose esperar.

El crecimiento anual de población en Canarias se ha duplicado, y ha pasado de 25.000 habitantes por año a 50.000. Siendo desde siempre tierra de inmigrados, las islas se encuentran ahora con problemas derivados de la limitación de territorio, pero sobre todo del mantenimiento de los servicios, que tienen que soportar más de diez millones de población flotante como consecuencia de la actividad turística.

La avalancha de inmigrantes africanos que continúa llegando a Canarias, – ayer con menor intensidad – , no entra específicamente dentro del colectivo que pretende la residencia en Canarias. De hecho, según datos facilitados por las ONG, apenas un 10 por ciento de la inmigración que llega en patera se queda en las islas.

Sin embargo, tal y como relató a ABC el viceconsejero de inmigración del Gobierno regional, Froilán Rodríguez, «Canarias ya no tiene la capacidad de absorber más inmigración no cualificada, pues empieza a haber problemas incluso para los residentes que aspiran a ocupar ese tipo de puestos de trabajo».

El barco que se hunde

Según dijo Paulino Rivero en una reciente exposición de objetivos fundamentales de su partido para 2006, el ajuste de los fondos estatales a la población real que soporta el archipiélago es «fundamental». Canarias, dijo, «es como un barco con su limitación de espacio, si suben más pasajeros estaremos apretados, pero si no ponemos medidas y siguen subiendo, el barco se hunde».

Restringir la residencia

Algo más lejos llegó hace unos días Fernando Ríos, secretario de Autogobierno del partido, al asegurar que Coalición Canaria vería con buenos ojos la limitación de residencia de ciudadanos no canarios (incluyendo en la limitación al resto de españoles), a través de cambios en la Constitución. La salida de tono de la ocurrencia fue inmediatamente desautorizada por Paulino Rivero a través de ABC. Rivero abogó, no obstante, por aplicar medidas restrictivas para los nuevos miembros de la UE «tal y como ocurre en Luxemburgo, las islas Feroes, Alemania o Austria».

La emigración europea, fundamentalmente británica, holandesa y alemana nunca ha supuesto un problema, más bien se ha encargado de levantar zonas de las islas absolutamente despobladas. Hoy en día, controlan importantes negocios de la Comunidad, disponen y administran medios de comunicación propios y son parte importante del electorado y las asociaciones profesionales.

Otros colectivos, como el procedente de la India, también forman parte de la población establecida e integrada en la sociedad de Canarias.

Pero la verdadera preocupación, política y no social ( no existe alarma generalizada ni brotes de xenofobia significativos), es la inmigración que baja de los aviones, «con un visado de vacaciones y sin billete de vuelta», se queja Rivero. Este colectivo, generalmente procedente de Colombia, Argentina y Venezuela, supone el mayor número de nuevos residentes en Canarias. A través de este flujo «derivado de la falta de control de las fronteras», la población extranjera no comunitaria de algunas islas, como Lanzarote, se ha visto aumentada en un 4.000 por ciento, en los últimos diez años. En Fuerteventura, apenas el 35 por ciento del total de la población es originaria de la isla.