Seis personas murieron y otras ocho resultaron heridas en el ataque perpetrado el domingo por la tarde en una mezquita de la ciudad de Quebec, en Canadá. El atentado terrorista mereció una amplia y firme repulsa, encabezada por el premier Justin Trudeau, quien recordó que los musulmanes canadienses son una parte importante del tejido nacional, y que estos ataques sin sentido están fuera de lugar.

Ninguna comunidad queda a salvo del terror, de las acciones de grupúsculos radicalizados que, invocando erróneamente un credo u otro, ya sea supremacista blanco o musulmán, disparan contra personas por el mero hecho de pertenecer a una etnia o religión. Una labor central de los estados modernos es luchar contra estas manifestaciones terroristas. Deben extremar la vigilancia policial, compartir información y coordinar sus dispositivos de seguridad. Porque si bien ninguna comunidad puede declararse a salvo de estas acciones, todas deben esforzarse para fortalecer los mecanismos de defensa y evitar nuevos atentados. El terror es siempre censurable y odioso, no importa quien lo practique. Y las sociedades son siempre, en su inmensa mayoría, ajenas y refractarias al terror, aunque por desgracia en ellas se agazapen terroristas. Esa es la realidad.

El atentado de Canadá, merecedor de una generalizada repulsa, ocupó ayer un lugar destacado en los informativos de todo el mundo. Pero este fin de semana el ruido de fondo en el terreno de la convivencia entre culturas y religiones lo ha puesto el presidente Donald Trump con su decisión de vetar la entrada en Estados Unidos de los ciudadanos con pasaportes de siete países de mayoría musulmana: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. A causa de este decreto, emitido el viernes, viajeros relacionados con dichos países quedaron atrapados en numerosos aeropuertos; varios jueces han bloqueado la decisión de Trump, argumentando que viola garantías constitucionales; las manifestaciones contrarias a la decisión presidencial se han extendido y varias potencias europeas han voceado su desacuerdo. Un portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel, expresó, con palabras que compartimos, su convicción de que “la lucha contra el terrorismo no justifica la sospecha generalizada sobre personas basada en su origen o creencias”. Al decir de destacados dirigentes republicanos, la decisión de Trump es un ataque frontal a los valores norteamericanos, entre los que se cuentan los de la acogida a los refugiados que huyen de determinados conflictos, y los de la integración.

Trump anunció durante la campaña electoral su deseo de impedir el acceso a Estados Unidos a todos los musulmanes. En sus primeros días en la Casa Blanca parece dispuesto a demostrar que sus promesas se cuentan por acciones. Esto quizás complazca a sus votantes más extremistas. Pero no a esa gran mayoría social tan partidaria de combatir el terrorismo como de respetar la tradición de EE.UU. en tanto que tierra de oportunidades e integradora. Ni tampoco a la justicia de EE.UU. o a su clase política más experimentada, sabedora de que no se puede gobernar a golpe de decreto, y menos cuando el decreto pretende hacer tabula rasa con el cuerpo legal preexistente. Ni tampoco a los que aprecian el talento, venga de donde venga. Ni a quienes recuerdan que los terroristas del 11-S no procedían de esos siete países, sino de Arabia Saudí o los emiratos, donde, dicho sea de paso, las empresas de Trump tienen intereses comerciales.